Zugazagoitia con el escritor y profesor Luis Jiménez de Asúa. / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
LUIS DÍEZ | Cuartopoder | 13/7/2016

La sublevación militar del 18 de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil significó la quiebra de la convivencia y la pluralidad informativa en España, representó la clausura del menguante derecho a la libertad de expresión y supuso la implantación de la censura de guerra. El periodismo quedó al servicio de la propaganda de guerra. El asalto y la apropiación de los medios de comunicación (emisoras de radio y periódicos) y la detención y fusilamiento de los periodistas fueron las primeras acciones de los golpistas.

En las ciudades y regiones donde triunfó la sublevación como Galicia, Oviedo, parte de Castilla, León, Zaragoza, Sevilla y Cádiz, los militares sublevados se incautaron de los principales diarios. En las ciudades donde se mantuvo la autoridad republicana, los comités sindicales impusieron a los propietarios de los medios descaradamente proclives a los golpistas, caso del ABC de Madrid, el cambio de línea editorial a favor de la democracia y la legalidad republicana.

Los profesionales de la información comenzaron a sufrir las presiones de los militares antes de que resolvieran alzarse en armas. Hay decenas de testimonios. El del redactor jefe de El Liberal, de Madrid, y directivo de la Asociación de la Prensa, Arturo Mori, es bien revelador: “Unas fechas antes del alzamiento del 18 de julio se presentaron en la redacción del diario tres militares de alta graduación que pertenecían a la clandestina Unión Militar Española (UME), encabezada por el general Emilio Mola –embozado en el seno de las Fuerzas Armadas tras el seudónimo de ‘El director’– y reclamaron el derecho de rectificación de un comentario jocoso que se había publicado sobre el primer manifiesto de la UME en contra del Gobierno. Se les contestó que no podía hacerse eso en ningún periódico decente y algo más se les dijo: “Ustedes han ofendido a la opinión democrática y no les han pedido rectificación. ¿Cómo quieren ustedes que ahora ella rectifique?”.

Aquella respuesta, añade Mori, “les selló la boca”. Pero en Sevilla, lo primero que hicieron los subordinados del general Gonzalo Queipo de Llano fue asaltar la redacción de El Liberal, filial del rotativo madrileño, que se había convertido en el diario más popular de la ciudad, en una dura competencia con el ABC. Militares y falangistas detuvieron a los redactores del periódico, los encarcelaron, se apropiaron del edificio, se adueñaron de las máquinas y se incautaron de las grandes existencias de papel almacenado para hacer frente a las crecientes exigencias del periódico.

La situación se repitió en otras ciudades andaluzas, con especial crueldad en Granada, donde asesinaron a todos los periodistas del único diario liberal de la ciudad (además de a Federico García Lorca), a medida que las tropas mercenarias, bombeadas desde Marruecos por el general Luis Orgaz, iban avanzando hacia Madrid por Extremadura. Despeñaperros fue un bastión republicano.

Javier Bueno.
Portada de la revista ‘Crónica’ con una imagen de Javier Bueno. /museomemoriarepublicana.blogspot.com
El testimonio del director del diario madrileño Ahora, Manuel Chaves Nogales, otro notable periodista que, al igual que Mori, murió en el exilio, ilustra perfectamente el clima de intimidación y amenaza. “De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Me consta por confidencias fidedignas que, aun antes de que comenzase la Guerra Civil, un grupo fascista de Madrid había tomado el acuerdo, perfectamente reglamentario, de proceder a mi asesinato”.

El curso de la contienda fue paralelo a la aniquilación de periódicos y periodistas. En el verano de 1937, un año después del estallido de la sublevación, no quedaba un solo periodista leal a la II República que pudiera ejercer su oficio en Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Extremadura, Cantabria, Asturias, Navarra y el País Vasco. Los que no habían logrado salir hacia la zona republicana, se hallaban escondidos o muertos. La persecución fue implacable.

El diario Avance de Oviedo, abiertamente socialista, fue literalmente arrasado por las tropas franquistas. Algunos de sus redactores resultaron fusilados. Su director, Javier Bueno, logró escapar, pero su familia fue tomada como rehén. Bueno presidió la Asociación de la Prensa de Madrid, transformada en la Agrupación Profesional de Periodistas, aunque nunca ejerció como tal. Al terminar la contienda fue detenido en Madrid, donde había estado al frente del diario de la UGT,Claridad, le condenaron a muerte y lo torturaron y golpearon hasta matarlo en la cárcel. Contaba 48 años. Posteriormente fue amnistiado a título póstumo. Su antecesor al frente de la Asociación, el derechista Alfonso Rodríguez Santamaría, redactor jefe de ABC, fue asesinado por los pistoleros anarquistas que patrullaban por Madrid en los primeros días del golpe.

Cruz Salido con su hijo.
Cruz Salido con su hijo. / Archivo familiar
La persecución de los periodistas que se mantuvieron fieles a la República costó la vida al eminente Cigés Aparicio, de historia limpia y mente privilegiada. Había sido nombrado gobernador civil de Ávila y fue fusilado el 19 de julio de 1936 por las tropas sublevadas. De su descendencia familiar conocimos al notable actor Luis Cigés. El clima bélico desbordó los odios partidistas y sindicales. Sigfrido Blasco, hijo del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez, y director y propietario del El Pueblo de Valencia se vio obligado a huir al extranjero porque los sublevados habían puesto precio a su cabeza. El dirigente del Partido Sindicalista, Ángel Pestaña, se apropio del periódico y lo convirtió en su principal instrumento político.

Si la sublevación y la guerra cancelaron toda una época memorable del periodismo que, según escribió Mori en México, “se caracterizó por el buen ambiente de compañerismo y convivencia entre los profesionales por encima de las diferencias políticas, ideológicas y religiosas”, el final de la contienda no supuso el cese de la persecución y los asesinatos de periodistas demócratas por parte de régimen franquista.

El dictador, del que se dijo que intervino para que sus correligionarios no fusilaran a su amigo Manuel Aznar (abuelo del expresidente del PP y del Gobierno, José María Aznar) por haber mantenido buenas relaciones con Manuel Azaña, demostró su crueldad contra los socialistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, detenidos en Francia por la Gestapo y fusilados en el foso del castillo de Montjuit (Barcelona) en 1940. Allí también fue asesinado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys, arrestado en Francia. Y la misma desgracia corrió el exministro de Industria y dirigente de la CNT Joan Peiró, capturado en el país vecino y fusilado en Paterna en 1942.

Mauro Bajatierra.
Mauro Bajatierra. / Archivo familiar
En la lista con más de 1.600 personas que Franco entregó a los nazis para que los detuvieran en el país vecino y se los entregaran, figuraban numerosos periodistas y escritores como Miguel Abeytua, director del periódico Política; el propio Mori, Antonio de Lezama, Carlos Esplá y tantos otros que hallaron acogida en México gracias al leal e inquebrantable compromiso del presidente Lázaro Cárdenas con la democracia y la II República española. Los periodistas que no abandonaron Madrid a la caída de Cataluña, caso de Bueno o de Augusto Vivero, delABC, entre muchos otros, fueron localizados, condenados y fusilados al amanecer. Elfidio Alonso, compañero de Vivero en el rotativo de la madrileña calle de Serrano, pudo salir al exilio. Con el tiempo, un hijo suyo creó el famoso grupo musical Los Sabandeños.

Singular fue el caso del anciano periodista de tendencia anarquista Mauro Bajatierra. En vez de seguir el ejemplo de su colega y amigo Roberto Castrovido y abandonar Madrid y expatriarse, emplazó una ametralladora en la puerta de su casa y esperó a que llegaran los encargados de arrestarle. Cayó acribillado por una ráfaga enemiga antes de poder hacer ningún disparo.

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La traición de Aranda, el ‘general de la República’ que mandó fusilar a los mineros, de L.D.