miércoles, 26 de octubre de 2011
Un país en blanco y negro
por Alejandro Grimson
La historia argentina se caracteriza por sus fuertes discontinuidades. Brasil, en cambio, muestra una trayectoria menos accidentada y más lineal, que le ha permitido desarrollar políticas de Estado en áreas clave de la economía y las relaciones internacionales.
Argentina frente a Brasil
La historia argentina se caracteriza por sus fuertes discontinuidades. Brasil, en cambio, muestra una trayectoria menos accidentada y más lineal, que le ha permitido desarrollar políticas de Estado en áreas clave de la economía y las relaciones internacionales.
Argentina frente a Brasil
Los
dirigentes siempre asumen que cuentan con limitaciones económicas y
políticas, recursos escasos y relaciones de fuerza que deben ser
contempladas. Pero rara vez reflexionan acerca de las condiciones
culturales que determinan sus acciones y la manera en que éstas son
socialmente significadas.
Tomemos
el caso de la cultura política argentina y la cultura política
brasileña. Suele afirmarse que, mientras en Brasil hay verdaderas
políticas de Estado, en Argentina carecemos de ellas. En realidad las
llamadas “políticas de Estado” son efecto de procesos más profundos. Las
diferencias entre ambos países no obedecen a esencias nacionales sino a
procesos históricos muy precisos, en esencial la formación y desarrollo
del Estado. Argentina aparece como un país discontinuo en su desarrollo
histórico, con cambios abruptos en áreas decisivas de las políticas
públicas, desde la política exterior y educativa hasta la salud y los
derechos humanos. En contraste con Argentina, aunque no con Francia e
Inglaterra, Brasil muestra una fuerte continuidad institucional, con
cambios de gobierno que no afectan tan significativamente las políticas
de Estado.
Para
ilustrar este punto puede pensarse en el proceso de independencia de
ambos países. La guerra civil en lo que luego sería Argentina adquirió
una intensidad política que la distingue del Imperio del Brasil, con una
fuerte continuidad en términos familiares, territoriales y de procesos
productivos. También pueden considerarse los últimos ciclos
autoritarios: por un lado, la dictadura militar brasileña que se
extendió durante veinte años, entre 1964 y 1984, y la autogestión
militar del retorno a las elecciones libres, así como el gobierno de
Sarney. Por otro, los presidentes y conflictos sociales que se
sucedieron en Argentina en esos años, desde el gobierno de Illia, el
Cordobazo, el retorno y la muerte de Perón, el golpe de 1976, Malvinas
y, finalmente, el gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas.
Se
ha puesto de moda afirmar que la continuidad brasileña resulta
evidentemente preferible a las crisis argentinas. Hay un sentido muy
trivial en esta afirmación: si uno logra buenas políticas de Estado
(como consiguió Brasil en algunas áreas decisivas de la economía, las
relaciones internacionales, etc.), es obvio que la continuidad es una
ventaja. Sin embargo, creer que la continuidad es buena en si misma es
inaceptable. Esta afirmación no se aplica ni a la esclavitud, ni a la
desigualdad, ni a la imposibilidad de abrir archivos de la dictadura. El
caso de los derechos humanos es claro: la discontinuidad argentina
supone no solo bases éticamente preferibles, sino institucionalmente más
sólidas.
Cultura y pasado
El
contraste entre continuidad y discontinuidad afecta al conjunto de la
cultura política. En un amplio estado cualitativo (1) constatamos esa
diferencia. Argentina, en términos de identidades políticas, es
históricamente un país dicotómico, de fuertes enfrentamientos y con una
fuerte dificultad para generar concertaciones sustentables. Brasil es un
país mucho menos polarizado, más poblado de matices y gradaciones. El
estudio muestra que para los brasileños cada una de las partes de Brasil
es la porción de una nación pensada como totalidad. En cambio, en
Argentina predomina la tenencia a identificar a cada una de las partes
con el todo, a cada facción con la nación, pensando –como por ejemplo
sucedió en 1954-1955 o en 1976- que la realización de la nación exige la
exclusión del adversario. Y actuando en consecuencia.
Argentina
es un país donde las divisiones han sido históricamente pensadas en
términos políticos, clásicamente capital-interior y
peronismo-antiperonismo. Y la integración a sido imaginada en términos
sociales. Por ello, la cuestión de la exclusión social cobró aquí a
fines del siglo pasado una enorme potencia política. En cambio Brasil,
uno de los países más desiguales del continente, piensa sus divisiones
en términos sociales. Allí la integración fue mayor en términos
culturales, con un Estado que durante el siglo XX incorporó mucho más
que el argentino las producciones de las culturas populares, aunque no
siempre integró como ciudadanos a una porción de sus protagonistas.
Esto
incide en las visiones sobre el pasado. Tal como revela la
investigación citada, para los argentinos el pasado tiene una gran
relevancia, cosa que no sucede en Brasil. Una parte de los argentinos,
culturalmente hegemónicos hasta hace unos pocos años, imaginan a
Argentina como un país que dejó atrás su época dorada: una tendencia
clara a idealizar el pasado. Pero a la vez hay momentos de la historia
que tienen una presencia notable y que tienen una presencia notable y
que suelen ser convocados en procesos culturales y políticos actuales.
El futuro, imprevisible para gran parte de los argentinos, está muy
vinculado a la posibilidad de saldar las deudas con ese pasado presente.
En contraste, los brasileños le asignan una importancia
comparativamente mayor al futuro, que generalmente auguran como
extraordinario.
Bandera y nación
Hay
otro contraste decisivo que vale la pena mencionar. Mientras los
brasileños consideran que viven en un país en muchos aspectos
maravilloso, en la sociedad argentina suele escucharse la idea de que no
vivimos en el país que nos merecemos y que muchos de los problemas
sociales o cotidianos sólo suceden aquí. Desde las expresiones bastante
denigrantes para hablar de Argentina suele deslizarse al extremo
opuesto, la famosa soberbia nacional. Nuevamente, ausencia de matices.
El
resultado es que, mientras la investigación señala una fuerte
identificación de los brasileños con Brasil, es posible detectar una
clara distancia de los argentinos con Argentina. Un ejemplo de ello son
las reacciones de los entrevistados al ser consultados sobre la bandera
nacional: las expresiones conmovedoras recogidas en Brasil difieren
claramente de los “simbolos manchados” percibidos en Argentina. La
experiencia de haber sido manipulados por la retórica nacionalista y la
frustración que produjo la percepción de la decadencia ha generado
ironía, distancia denigración y vergüenza respecto de la nación.
Lejos
de resultar abstractos, estos análisis permiten comprender sucesos
culturales como la sorpresa y emoción que generó la imagen de los Pumas
cantando orgullosamente el himno nacional, con un eminente compromiso
detrás de un objetivo común. Muchos argentinos miran hoy obsesivamente
en la televisión si nuestro nuevo crack futbolístico conoce o no la
letra del himno.
Por
supuesto, no se trata de sugerir que los argentinos deberían vivir con
“la argentinidad al palo”. Pensar matizadamente la ironía de los
argentinos respecto de Argentina implica señalar que la distancia
crítica acerca de la propia identidad puede permitir una reflexión
compleja, un alejamiento de la soberbia. Pero esa responsabilidad se
encuentra bloqueada cuando la nación se convierte en una alteridad,
cuando solo se habla del país en tercera persona, trasformando la
crítica en denigración y obstruyendo la posibilidad de imaginar futuros
colectivos.
Largo plazo
Es
necesario postular horizontes que trasciendan la coyuntura, desarrollar
políticas de Estado para amortiguar las discontinuidades y los cambios
de rumbo que no capitalizan logros o experiencias previas. Esto exige
hacer esfuerzos para abandonar el pensamiento dicotómico. Ese
pensamiento sobrevive en las retóricas que ven un proceso político cómo
homogéneo, maravilloso o deleznable, y también en las dificultades por
abordar de manera plural temas decisivos, avanzando en consensos
parciales sustentables y crecientes. Cualquier pretensión de identificar
a un sector con la nación está destinado a profundizar esa dicotomía en
un contexto cultural que sólo permite que lo nacional se reconstituya
como un colectivo democrático por encima de las partes. Pero ese
horizonte nacional sólo será socialmente asumido si, al mismo tiempo que
se abandonan las pretensiones de ser un país como (se cree que son) los
de Europa, se logra un acceso garantizado a los derechos ciudadanos
básicos para el conjunto de la sociedad.
El
hecho de que la dicotomización no sea el mejor camino no implica
ignorar que una mayor igualdad en todos los terrenos supone procesos
necesariamente conflictivos. So se pueden afectar intereses económicos,
ideológicos o religiosos a través de sueños de armonía. Pero una cosa es
construir fronteras situacionales, como sucedió con la ley de
matrimonio igualitario y la asignación Universal para la Niñez, y otra
cosa muy distinta es anclar esa tensión en entidades dicotómicas que
trasciendan las situaciones.
Puede
percibirse un cierto agotamiento muy promisorio de la sociedad
argentina con las dicotomizaciones trascendentes. De hecho, si bien
muchos comentaristas políticos sostienen que la oposición se equivoca
porque no se une, es posible plantear la hipótesis de que el erros de la
oposición es justamente otro: no haber comprendido que la sociedad ya
manifestó su cansancio con la dicotomización, en la media en que no
encuentra en ella un sentido de futuro. A la vez, revisando los últimos
años, podría argumentarse que el gobierno kirchnerista ha desarrollado
diferentes estrategias en diferentes momentos, pero que justamente su
discurso y sus políticas apuntan a dificultar, más que facilitar, la
emergencia de identidades como “el campo”.
Rupturas
En
una de sus tesis sociohistóricas más extraordinarias y menos conocidas
(2), Norbert Elías señaló que la historia de la formación de un Estado
nacional deja sedimentos en los modos de percibir, vivenciar,
significar, imaginar, sentir y actuar de las personas que lo habitan.
En
Argentina, las rupturas atraviesan los momentos clave y aparecen una
serie de homologías: el tiempo de crisis cíclicas presenta la misma
forma que la escisión espacial fundante y persistente entre capital e
interior, oposiciones que se proyectan a otros universos simbólicos. Si
los matices se ausentaron de nuestro tiempo, de nuestro espacio y de
nuestros sentimientos hacia la nación, parece ilógico pretender que se
hagan presentes en el universo de las ideas y las prácticas políticas.
Al mismo tiempo, si la tesis de Elías es correcta, sólo desde el
universo político, que es el que construye hoy el Estado nación, podrían
transformarse lentamente nuestros de significar y actuar en el tiempo y
en el espacio, es decir, generar nuevos procesos que a su vez
sedimenten a nuestra cultura política.
Volviendo
al inicio, cuando los políticos no asumen que su propia imaginación y
sus acciones están culturalmente determinadas, la cultura política
gobierna su manera de actuar y de expresarse. En el caso argentino, una
conciencia reflexiva sobre la discontinuidad histórica y sus efectos
culturales de dicotomización de las identidades políticas permitiría que
los dirigentes actuaran sobre la cultura en lugar de limitarse a
interpretar un libreto preestablecido.
1. La
investigación se realizó en siete ciudades de Argentina y Brasil y
abarcó a 240 líderes de opinión, así como diversos materiales
televisivos, gráficos y rituales. Sus resultados pueden consultarse en:
Alejandro Grimson (compilador), Pasiones nacionales. Política y cultura en Brasil y Argentina, Edhasa.
2. Norbert Elías, Los alemanes, Instituto Mora (Mexico)
Fuente: Le Monde Diplomatique, edicion Cono Sur. Octubre 2011.
Fuente: Le Monde Diplomatique, edicion Cono Sur. Octubre 2011.
jueves, 21 de abril de 2011
Cuando la desigualdad social se vuelve una enfermedad crónica
La muerte de un vecino en la Villa 31 desnuda las dificultades de los
sectores más pobres para acceder al sistema sanitario. La Justicia
intimó al gobierno porteño para que reabra centros de salud e intervino
al Same
La discusión en torno a la salud pública se mantiene en escena por un período extendido y amenaza con encauzarse hacia el verdadero fondo de la cuestión. La muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31, en la que está implicada una ambulancia del Same que se negó a atenderlo sin compañía policial, no constituyó una novedad sino que destapó una olla que no logra ser ocultada por la discusión en torno a la vigilancia en los hospitales y en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) de la Ciudad de Buenos Aires, que ya llevan diez días de paro.
Es tan innegable la sensación de inseguridad de los profesionales de la salud, como la de sorpresa por la decisión de un paro de actividades como medida de fuerza por parte de un sector que no había elegido antes cortar la atención comunitaria, ni por la falta de insumos, ni por el mantenimiento de los edificios, o los despidos de personal o el retraso de más de cinco meses en el pago a los ingresantes. Si no es sorpresiva, al menos la medida es atípica.
“Me interesa dejar en claro con toda sinceridad, algo que estamos hablando mucho en el equipo de salud, y es que no queremos estar como rehenes de decisiones que tienen diferentes objetivos políticos porque tenemos que asegurar el derecho a la salud”, dice María Elena Folini, que dirige el Cesac 15 de San Telmo, una de las excepciones ya que tiene buen mantenimiento. Sin embargo, este Cesac depende del Hospital Argerich, donde la falta de insumos es tema de pelea constante, al igual que el de La Boca, donde Folini reconoce que la ausencia de equipamiento técnico es seria.
La profesional confiesa que ahora “ya lo pudimos pensar como equipo de salud y darnos cuenta de que por más que hubiera medidas gremiales ese centro no iba a parar más, ni a dejar de atender a la población, porque no es una causa justificada”.
Otra alta fuente del Cesac 18 de Villa Lugano también se extraña de la medida de fuerza que empezaron los gremios de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales y el gremio pro macrista de empleados municipales, Sutecba, que aún mantiene el paro en soledad, porque “ni siquiera en épocas de la irrupción de la gripe A se pensó en parar, cuando no había insumos y hasta había que hacer vaquitas para comprar barbijos y alcohol”, confiesa a Miradas al Sur.
Lo que volvió inocultable con su muerte Humberto Ruiz, por más despliegue mediático por priorizar la noticia del paro, es la existencia de un sector invisible, con problemas de idéntica invisibilidad.
“Es un problema de larga data, lo vemos con las condiciones de trabajo en los Cesac, con las condiciones de asistencia, las ambulancias no entran a los barrios, la verdad es que este caso de la Villa 31 puso el tema en agenda pero esto pasa todo el tiempo. Las ambulancias no ingresan, y eso no tiene que ver sólo con un tema de seguridad. El Same no tiene un mapa de las villas, cuando entra se pierde, no hay una decisión de tomar en serio uno de los derechos humanos más básicos que es el derecho a la salud”, relata a Miradas al Sur Luciana Bercovich, que es abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), y que remata: “No sé si puede haber algo más inseguro que saber que si yo tengo una emergencia de salud la ambulancia no va a venir”.
Derechos en el barro. La ONG Acij fue la encargada de interponer el recurso de amparo que los vecinos de los distintos barrios decidieron en asamblea. Ello derivó en el llamado a una audiencia pública para este último viernes, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la que los representantes del Gobierno porteño faltaron, sobre todo el titular de la cartera de Salud, Jorge Lemus, quien debía dar las explicaciones. Aunque se hizo presente el procurador General de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz, en un clara actitud defensiva, portando el “certificado médico” correspondiente que justificaba la inasistencia del ministro.
El juez Roberto Gallardo, entonces, dio por incumplida la medida cautelar, citó a una nueva audiencia para el lunes de la semana que viene e intimó a la admnistración macrista a que proceda a la “reapertura inmediata de la totalidad de los Centros de Salud”. De los 42 centros de salud que funcionan en villas, barrios o asentamientos, 24 se encuentran cerrados, informaron fuentes de la Asociación de Médicos Municipales. Gallardo también intervino judicialmente al Same y a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud.
En definitiva, más de la mitad de los centros de atención médica de la Ciudad, que los más pobres tienen para acceder a la salud, hoy se encuentran cerrados.
En este marco de emergencia, la resolución del juez asegura que se mandará a buscar al ministro Lemus por la fuerza policial, de no hacerse presente a la próxima cita judicial y le avisó formalmente a Mauricio Macri para que no evadiera la responsabilidad y para que evaluara la “aptitud psicofísica” del ministro puesto que en caso de no responder su funcionario, y no nombrarse a un nuevo representante para el área, la causa recaerá directamente sobre el jefe de Gobierno.
La decisión de intervenir el Same fue celebrada por el propio director del servicio de emergencias porteño, Alberto Crescenti, a pesar de que las escuchas recientes, tomadas en el allanamiento a las oficinas a causa de la muerte de Ruiz, lo muestra ordenando no ingresar al barrio e irse del lugar, si no llegaba la policía.
Crónica y muerte anunciada. La olla a presión que se destapó con el hecho del barrio de Retiro es una pintura cruda de la realidad del acceso desigual de la población a la salud pública, a pesar de ser garantizada por todas las constituciones (nacional, porteña, etc.) y consagrada por infinidad de pactos y compromisos internacionales.
La Acij quedó representando esta causa porque hace más de cinco años que tiene en marcha su programa de Derecho y Construcción Comunitaria en Villas y trabaja acompañando los reclamos por “acceso a derechos de modo igualitario de los habitantes de los barrios, servicios públicos, salud, educación, de un modo igual al resto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”. Bercovich afirma que “en estos barrios es donde más se vulneran los derechos humanos básicos de los habitantes y, en una Ciudad como Buenos Aires, que es la urbe con mayor presupuesto del país, es inadmisible que esto suceda”.
Desde la audiencia del viernes, la abogada aclaró que la parte legal no es la única herramienta que utilizan en esa ONG, también hay otras como las presupuestarias, que demuestran cómo los pobres “son discriminados económicamente, no sólo en la salud, también en la distribución de presupuesto, del crédito. Trabajamos también en educar para que la gente de los barrios sepa que lo que está pidiendo no es un favor sino un derecho, es importante que los propios vecinos sepan que lo que están reclamando es un derecho”.
La realidad del GBA. Pero la injusticia no se agota en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires, gran parte de las emergencias sanitarias quedan a cargo de los municipios y dependen de la situación económica de ellos o de su cercanía con las luces del centro. Bercovich asegura que en el distrito bonaerense, lo que ocurre es que hay “menos visibilidad, pero también sabemos que hay problemas de acceso a la salud en la provincia y que los canales de reclamo son mucho más débiles”.
La semana que pasó, las agrupaciones gremiales que reúnen a una parte de los trabajadores de la salud bonaerenses en la Asociación de Profesionales (Cicop), atravesó un paro de más de tres días en los 77 hospitales municipales, en reclamo de mejoras salariales. El gremio ratificó la medida de fuerza en reclamo de un aumento del 40 por ciento y decidirá por plebiscito si sus afiliados aceptan o no la oferta del Gobierno provincial, del 26 por ciento.
La historia de nunca sanar. Esta discusión que pareciera haber nacido ayer, se inscribe en la tensión histórica de las políticas nacionales de la salud, que hoy intentan sumar ese ámbito a la discusión en danza sobre el proyecto nacional. La salud pública ha resistido en los márgenes la transformación de sus estructuras, su organización y funcionamiento mantienen intacto el sentido de su despliegue, y se ha recostado en la exacerbación del mercado desde el Consenso de Washington.
En la historia de las políticas públicas en la Argentina, intentos como el del sanitarista Ramón Carrillo, durante los ’40 y los ’50, y de Floreal Ferrara en los ’70 en la provincia de Buenos Aires, sumado a alguna experiencia tímida del alfonsinismo, son los ejemplos que se cuentan de uno de los lados de las veredas donde se disputa cómo debe ser la salud argentina. El lado que se conoce como el de la “salud social” o de los sanitaristas. El otro es de índole privatista, de impulso privado y es regenteado por el mercado. De las farmacias hasta los centros de atención privada.
Para el ex director del Hospital Argerich, por ejemplo, que hoy es funcionario del Poder Ejecutivo en el Ape, Donato Spaccavento, el sistema que a nivel nacional busca abandonar un sector es el sistema que no vela por la salud universal y que deja de lado a los de menos recursos, lo que sólo tiene su explicación en una lógica de mercado. “Es un modelo privatizador, que bancariza a la salud, cuyos proyectos siempre tienen lobbistas, lo que hasta ha llevado a que en un momento se desarme el Ministerio de Salud de la Nación”. El sanitarista señala que “lo primero que hay que hacer es tomar la decisión política e incluir en una agenda la creación de un sistema nacional de salud integrado que priorice fundamentalmente, la promoción integral de la salud, y apunte a la construcción desde lo colectivo social y no a la inversa. La salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio entre lo social, lo cultural, lo psicológico, lo físico, histórico, económico”.
En la Ciudad, hay un botón de muestra. Las políticas privatistas y descentralizadas en marcha en el área de la Salud porteña son ejemplo del modelo de salud de mercado. Se trata de la antítesis de esta idea de reforma del sistema de salud pública que, además de Spaccavento, es respalda por el centenar de organizaciones que componen el Foro Social de Salud y Ambiente de la Argentina y por la ONG Médicos del Mundo. La reforma no sólo enfrentará las presiones de la corporación médica sino también a los, tal vez, más poderosos intereses farmacéuticos, porque la cosolidación de la producción de medicamentos es una pata fundamental del proyecto.
Varias de las ONG que reclaman una reforma ya tienen experiencia con el Gobierno macrista. En el año 2008, de hecho, elaboraron un comunicado en repudio al veto a la Producción Pública de Medicamentos en la Ciudad, decidido por la administración Pro. El decreto de la jefatura de Gobierno porteña, donde manda el precandidato Horacio Rodríguez Larreta, llevó el número 2135 y determinó la anulación de la posibilidad de la fabricación estatal de fármacos en laboratorios públicos. Médicos del Mundo consideró que esta medida “afecta y va en detrimento directamente de la salud colectiva de la población porteña y de la accesibilidad a los medicamentos esenciales como un bien social”. Hoy son los Cesac los que siguen cerrados y tienen orden judicial de abrir a más tardar mañana. Los medicamentos se ofrecen libremente en múltiples comerciales de televisión, y la automedicación dejó de ser mala palabra, al menos en el imaginario popular. Spaccavento cuenta que la automedicación, directa o indirectamente, causa la muerte de 170 mil personas cada año en el país. El grito de los perjudicados viene de mucho más allá y tuvo que llegar otra vez hasta la tragedia para que el debate dormido se sumara sin desperezos a la marcha que impone el nuevo proyecto nacional. Más vale que todo esto no sea en vano y que la inercia se logre cambiar.
Fuente: MIRADAS AL SUR. Año 3. Edición número 152. Domingo 17 de abril de 2011
 |
| El Gobierno porteño destinó sólo el 5 por ciento del presupuesto sanitario a los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac). (JUAN ULRICH) || En 70 hospitales bonaerenses, médicos y enfermeros reclaman aumentos salariales. (TELAM) |
La discusión en torno a la salud pública se mantiene en escena por un período extendido y amenaza con encauzarse hacia el verdadero fondo de la cuestión. La muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31, en la que está implicada una ambulancia del Same que se negó a atenderlo sin compañía policial, no constituyó una novedad sino que destapó una olla que no logra ser ocultada por la discusión en torno a la vigilancia en los hospitales y en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) de la Ciudad de Buenos Aires, que ya llevan diez días de paro.
Es tan innegable la sensación de inseguridad de los profesionales de la salud, como la de sorpresa por la decisión de un paro de actividades como medida de fuerza por parte de un sector que no había elegido antes cortar la atención comunitaria, ni por la falta de insumos, ni por el mantenimiento de los edificios, o los despidos de personal o el retraso de más de cinco meses en el pago a los ingresantes. Si no es sorpresiva, al menos la medida es atípica.
“Me interesa dejar en claro con toda sinceridad, algo que estamos hablando mucho en el equipo de salud, y es que no queremos estar como rehenes de decisiones que tienen diferentes objetivos políticos porque tenemos que asegurar el derecho a la salud”, dice María Elena Folini, que dirige el Cesac 15 de San Telmo, una de las excepciones ya que tiene buen mantenimiento. Sin embargo, este Cesac depende del Hospital Argerich, donde la falta de insumos es tema de pelea constante, al igual que el de La Boca, donde Folini reconoce que la ausencia de equipamiento técnico es seria.
La profesional confiesa que ahora “ya lo pudimos pensar como equipo de salud y darnos cuenta de que por más que hubiera medidas gremiales ese centro no iba a parar más, ni a dejar de atender a la población, porque no es una causa justificada”.
Otra alta fuente del Cesac 18 de Villa Lugano también se extraña de la medida de fuerza que empezaron los gremios de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales y el gremio pro macrista de empleados municipales, Sutecba, que aún mantiene el paro en soledad, porque “ni siquiera en épocas de la irrupción de la gripe A se pensó en parar, cuando no había insumos y hasta había que hacer vaquitas para comprar barbijos y alcohol”, confiesa a Miradas al Sur.
Lo que volvió inocultable con su muerte Humberto Ruiz, por más despliegue mediático por priorizar la noticia del paro, es la existencia de un sector invisible, con problemas de idéntica invisibilidad.
“Es un problema de larga data, lo vemos con las condiciones de trabajo en los Cesac, con las condiciones de asistencia, las ambulancias no entran a los barrios, la verdad es que este caso de la Villa 31 puso el tema en agenda pero esto pasa todo el tiempo. Las ambulancias no ingresan, y eso no tiene que ver sólo con un tema de seguridad. El Same no tiene un mapa de las villas, cuando entra se pierde, no hay una decisión de tomar en serio uno de los derechos humanos más básicos que es el derecho a la salud”, relata a Miradas al Sur Luciana Bercovich, que es abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), y que remata: “No sé si puede haber algo más inseguro que saber que si yo tengo una emergencia de salud la ambulancia no va a venir”.
Derechos en el barro. La ONG Acij fue la encargada de interponer el recurso de amparo que los vecinos de los distintos barrios decidieron en asamblea. Ello derivó en el llamado a una audiencia pública para este último viernes, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la que los representantes del Gobierno porteño faltaron, sobre todo el titular de la cartera de Salud, Jorge Lemus, quien debía dar las explicaciones. Aunque se hizo presente el procurador General de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz, en un clara actitud defensiva, portando el “certificado médico” correspondiente que justificaba la inasistencia del ministro.
El juez Roberto Gallardo, entonces, dio por incumplida la medida cautelar, citó a una nueva audiencia para el lunes de la semana que viene e intimó a la admnistración macrista a que proceda a la “reapertura inmediata de la totalidad de los Centros de Salud”. De los 42 centros de salud que funcionan en villas, barrios o asentamientos, 24 se encuentran cerrados, informaron fuentes de la Asociación de Médicos Municipales. Gallardo también intervino judicialmente al Same y a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud.
En definitiva, más de la mitad de los centros de atención médica de la Ciudad, que los más pobres tienen para acceder a la salud, hoy se encuentran cerrados.
En este marco de emergencia, la resolución del juez asegura que se mandará a buscar al ministro Lemus por la fuerza policial, de no hacerse presente a la próxima cita judicial y le avisó formalmente a Mauricio Macri para que no evadiera la responsabilidad y para que evaluara la “aptitud psicofísica” del ministro puesto que en caso de no responder su funcionario, y no nombrarse a un nuevo representante para el área, la causa recaerá directamente sobre el jefe de Gobierno.
La decisión de intervenir el Same fue celebrada por el propio director del servicio de emergencias porteño, Alberto Crescenti, a pesar de que las escuchas recientes, tomadas en el allanamiento a las oficinas a causa de la muerte de Ruiz, lo muestra ordenando no ingresar al barrio e irse del lugar, si no llegaba la policía.
Crónica y muerte anunciada. La olla a presión que se destapó con el hecho del barrio de Retiro es una pintura cruda de la realidad del acceso desigual de la población a la salud pública, a pesar de ser garantizada por todas las constituciones (nacional, porteña, etc.) y consagrada por infinidad de pactos y compromisos internacionales.
La Acij quedó representando esta causa porque hace más de cinco años que tiene en marcha su programa de Derecho y Construcción Comunitaria en Villas y trabaja acompañando los reclamos por “acceso a derechos de modo igualitario de los habitantes de los barrios, servicios públicos, salud, educación, de un modo igual al resto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”. Bercovich afirma que “en estos barrios es donde más se vulneran los derechos humanos básicos de los habitantes y, en una Ciudad como Buenos Aires, que es la urbe con mayor presupuesto del país, es inadmisible que esto suceda”.
Desde la audiencia del viernes, la abogada aclaró que la parte legal no es la única herramienta que utilizan en esa ONG, también hay otras como las presupuestarias, que demuestran cómo los pobres “son discriminados económicamente, no sólo en la salud, también en la distribución de presupuesto, del crédito. Trabajamos también en educar para que la gente de los barrios sepa que lo que está pidiendo no es un favor sino un derecho, es importante que los propios vecinos sepan que lo que están reclamando es un derecho”.
La realidad del GBA. Pero la injusticia no se agota en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires, gran parte de las emergencias sanitarias quedan a cargo de los municipios y dependen de la situación económica de ellos o de su cercanía con las luces del centro. Bercovich asegura que en el distrito bonaerense, lo que ocurre es que hay “menos visibilidad, pero también sabemos que hay problemas de acceso a la salud en la provincia y que los canales de reclamo son mucho más débiles”.
La semana que pasó, las agrupaciones gremiales que reúnen a una parte de los trabajadores de la salud bonaerenses en la Asociación de Profesionales (Cicop), atravesó un paro de más de tres días en los 77 hospitales municipales, en reclamo de mejoras salariales. El gremio ratificó la medida de fuerza en reclamo de un aumento del 40 por ciento y decidirá por plebiscito si sus afiliados aceptan o no la oferta del Gobierno provincial, del 26 por ciento.
La historia de nunca sanar. Esta discusión que pareciera haber nacido ayer, se inscribe en la tensión histórica de las políticas nacionales de la salud, que hoy intentan sumar ese ámbito a la discusión en danza sobre el proyecto nacional. La salud pública ha resistido en los márgenes la transformación de sus estructuras, su organización y funcionamiento mantienen intacto el sentido de su despliegue, y se ha recostado en la exacerbación del mercado desde el Consenso de Washington.
En la historia de las políticas públicas en la Argentina, intentos como el del sanitarista Ramón Carrillo, durante los ’40 y los ’50, y de Floreal Ferrara en los ’70 en la provincia de Buenos Aires, sumado a alguna experiencia tímida del alfonsinismo, son los ejemplos que se cuentan de uno de los lados de las veredas donde se disputa cómo debe ser la salud argentina. El lado que se conoce como el de la “salud social” o de los sanitaristas. El otro es de índole privatista, de impulso privado y es regenteado por el mercado. De las farmacias hasta los centros de atención privada.
Para el ex director del Hospital Argerich, por ejemplo, que hoy es funcionario del Poder Ejecutivo en el Ape, Donato Spaccavento, el sistema que a nivel nacional busca abandonar un sector es el sistema que no vela por la salud universal y que deja de lado a los de menos recursos, lo que sólo tiene su explicación en una lógica de mercado. “Es un modelo privatizador, que bancariza a la salud, cuyos proyectos siempre tienen lobbistas, lo que hasta ha llevado a que en un momento se desarme el Ministerio de Salud de la Nación”. El sanitarista señala que “lo primero que hay que hacer es tomar la decisión política e incluir en una agenda la creación de un sistema nacional de salud integrado que priorice fundamentalmente, la promoción integral de la salud, y apunte a la construcción desde lo colectivo social y no a la inversa. La salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio entre lo social, lo cultural, lo psicológico, lo físico, histórico, económico”.
En la Ciudad, hay un botón de muestra. Las políticas privatistas y descentralizadas en marcha en el área de la Salud porteña son ejemplo del modelo de salud de mercado. Se trata de la antítesis de esta idea de reforma del sistema de salud pública que, además de Spaccavento, es respalda por el centenar de organizaciones que componen el Foro Social de Salud y Ambiente de la Argentina y por la ONG Médicos del Mundo. La reforma no sólo enfrentará las presiones de la corporación médica sino también a los, tal vez, más poderosos intereses farmacéuticos, porque la cosolidación de la producción de medicamentos es una pata fundamental del proyecto.
Varias de las ONG que reclaman una reforma ya tienen experiencia con el Gobierno macrista. En el año 2008, de hecho, elaboraron un comunicado en repudio al veto a la Producción Pública de Medicamentos en la Ciudad, decidido por la administración Pro. El decreto de la jefatura de Gobierno porteña, donde manda el precandidato Horacio Rodríguez Larreta, llevó el número 2135 y determinó la anulación de la posibilidad de la fabricación estatal de fármacos en laboratorios públicos. Médicos del Mundo consideró que esta medida “afecta y va en detrimento directamente de la salud colectiva de la población porteña y de la accesibilidad a los medicamentos esenciales como un bien social”. Hoy son los Cesac los que siguen cerrados y tienen orden judicial de abrir a más tardar mañana. Los medicamentos se ofrecen libremente en múltiples comerciales de televisión, y la automedicación dejó de ser mala palabra, al menos en el imaginario popular. Spaccavento cuenta que la automedicación, directa o indirectamente, causa la muerte de 170 mil personas cada año en el país. El grito de los perjudicados viene de mucho más allá y tuvo que llegar otra vez hasta la tragedia para que el debate dormido se sumara sin desperezos a la marcha que impone el nuevo proyecto nacional. Más vale que todo esto no sea en vano y que la inercia se logre cambiar.
Fuente: MIRADAS AL SUR. Año 3. Edición número 152. Domingo 17 de abril de 2011
miércoles, 20 de abril de 2011
Festival de hipócritas
Tus amigos de ayer, hoy bombardean a tu pueblo. Álbum de fotos de Muammar el Gadhafi y «los amigos de Libia».
sábado, 12 de febrero de 2011
La mafia argentina viste de azul
Por Ricardo Ragendorfer*
 |
| Policía reprimiendo a manifestantes, Buenos Aires, 20-12-01 (Nicolas Pousthomis / sub.coop) |
La reciente ofensiva del ejército de Brasil en las favelas de Río de Janeiro es leída como una suerte de paradigma en la lucha emprendida por el Estado contra las cada vez más poderosas corporaciones del crimen, de las que participa la policía. El problema es mundial, con gran impacto en América Latina y de base política y social. La policía argentina no escapa de ningún modo, a las generales de la ley.
La imagen de los uniformados izando la bandera verde-amarela
en la cima del Complexo do Alemão daría la vuelta al mundo como un
ícono de soberanía estatal sobre el territorio gobernado hasta entonces
por el Comando Vermelho. Lo cierto es que el hecho en si trae cierta
reminiscencia de lo adelantado por la Escuela de Guerra de Estados
Unidos en cuanto a cómo se desarrollarán los conflictos bélicos en el
siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los
rascacielos y en las casas expandidas que forman las ciudades
arruinadas del mundo”.
De
hecho, el episodio brasileño se inscribe en la estrategia que en estos
casos recomienda la Drugs Enforcement Administration (DEA). Ya se sabe
que este organismo, a partir de 1980, inició un cruzada integral contra
los carteles latinoamericanos de la droga -las únicas multinacionales
del Tercer Mundo- con el propósito de controlar el fabuloso flujo
monetario de que disponen. Su paralelismo más remoto son las Guerras del
Opio en el siglo XIX entre Inglaterra y China, desatadas a raíz de la
pretensión británica de eliminar todo obstáculo que impidiese el
comercio de la droga en el milenario país oriental.
Pero
en el siglo pasado, sobre todo en sus últimas décadas, el origen en
Occidente del crimen organizado tiene reilación directa con la
revolución industrial, científica y tecnológica. Su evolución concuerda
con la del capitalismo. La mafia nació en Sicilia en 1860, en
coincidencia con el desembarco de Giuseppe Garibaldi en la isla, y “como
efecto socioeconómico de la unidad italiana”. La gestación de semejante
sociedad secreta volcada al delito y la ilegalidad habría sido la
respuesta a la prodigiosa industrialización del norte peninsular, de la
que no participaban y los afectaba. Desde entonces las organizaciones
mafiosas han atravesado el mundo -y a sus sistemas económicos- como un
fantasma apenas disimulado.
Los ejes del mal
América Latina
no ha sido una excepción. El surgimiento –a mediados de los años ’70-
de cárteles colombianos, el increíble volumen de su facturación y, con
posterioridad, la debacle provocada por enfrentamientos armados entre
estructuras rivales, no acabó precisamente con el negocio; simplemente
lo condujo hacia una nueva tierra de promisión: México. Las
consecuencias están a la vista, Desde el 1º de diciembre de 2006, cuando
presionado por Washington, el recién elegido presidente Felipe Calderón
lanzó su ofensiva contra el narcotráfico, la ola de violencia ha
causado en el país unos 30.000 muertos. Esa es la contabilidad de tres
guerras simultáneas: “La de los cárteles entre si por el control de
territorios; la de los Zetas (organizaciones constituidas por ex
militares y ex policías), que practican secuestros y robos contra la
población, y la de los militares contra los propios ciudadanos”.
Por
su lado, la incursión militarizada en los arrabales cariocas no
justifica el triunfalismo inicial, ya que lo obtenido resultó bastante
pobre: unas 40 toneladas de droga y numerosas armas de todo calibre.
Pero ningún cabecilla importante cayó en manos de las autoridades. Ahora
-a sólo un mes del operativo- se tiene la certeza de que los narcos más
buscados de Río de Janeiro apelaron al infalible recurso del soborno
para escapar del cerco represivo. Todo apunta a la corrupción policial,
desde siempre señalada en esa ciudad como vinculada al tráfico de
drogas.
Esta
constelación de hechos y circunstancias tiene un denominador evolutivo
común: la conformación de organizaciones autárquicas enfrentadas en
mayor o menor medida al Estado.
En
países como Italia, México, Colombia o Brasil, cuando los policías
pasan a formar parte de las redes de delito es porque fueron comprados
por la mafia. En Argentina es exactamente al revés: la policía compra a
los delincuentes.
El cartel de Buenos Aires
La Policía de
la Provincia de Buenos Aires -“la Bonaerense”- es sin duda emblemática
en lo que a corrupción se refiere. Sus casi 50.000 efectivos la
convierten en la fuerza de seguridad más numerosa del país, y su
jurisdicción abarca el territorio más vasto y complejo de Argentina.
Pero
el estigma de la corrupción es compartido por todas las fuerzas de
seguridad: por las tres agencias que dependen del poder central
-Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- y también por las demás
policías provinciales. Tal vez la única diferencia entre ellas sea su
naturaleza territorial. Las más activas en los quehaceres ilícitos
suelen ser las que operan en las grandes urbes, por su densidad de
habitantes y la creciente desigualdad social.
Aunque
no le van a la zaga las instituciones policiales de las provincias más
atrasadas, cuyas estructuras de gobierno casi feudales les otorgan
atribuciones que parecen directamente salidas de una ficción.
Históricamente, todas ellas hicieron de algunas contravenciones
tradicionales parte de su sistema de supervivencia: capitalistas del
juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajan desde siempre en
sociedad forzada con las comisarías, pagando un canon para seguir
existiendo.
En
los últimos años, sin embargo, a este estilo de trabajo se agregaron
otros pactos con hacedores de una gran cantidad de delitos contemplados
por el Código Penal. Mediante “arreglos”, extorsiones, impuesto, peajes y
tarifas o, lisa y llanamente, a través de la complicidad directa, los
uniformados participan en diversificado marco de asuntos desde los más
lucrativos -tráfico de drogas, desarmaderos, piratería del asfalto-
hasta establecer “zonas liberadas” para cometer asaltos y secuestros
extorsivos.
El
punto de inflexión entre ambas etapas fue sin duda la última dictadura
militar, cuando los policías incorporaron los dividendos de un sinfín de
delitos graves. Y fue en la década de los noventa cuando estas
actividades adquirieron un sesgo, digamos, empresarial.
En
el caso de la Bonaerense, cada comisaría debía recaudar unos 15 mil
dólares por mes. La mitad se repartía entre el comisario, el
subcomisario y el servicio de calle, en tanto que la otra mitad subía
hacia las departamentales, donde tenía lugar un reparto idéntico: la
mitad queda en el lugar y el resto sube a Jefatura. Para tener una idea
del flujo monetario de las arcas policiales, basta saber que en la
Provincia de Buenos Aires hay unas 300 comisarías.
En
la actualidad, pese a las purgas y los intentos de reforma efectuados
sobre la estructura de la fuerza, esos índices de facturación se
mantienen. En este marco, resulta evidente que las tasas de seguridad
pública son directamente proporcionales al nivel de corrupción existente
en las filas policiales.
Otra
variante de la inseguridad, pero de distinto signo, es resultado de ese
afán policial, casi siempre desmesurado, de imponer su presencia en las
calles, de dictar “la ley”: los fusilamientos sumarias,
eufemísticamente llamados “gatillo fácil”, son, entre otras calamidades,
la prueba. En catálogo de ilícitos que habitualmente realizan las
fuerzas de seguridad, éste tal vez sea el más recurrente. Y es también
el único delito “sin fines de lucro” en el que suelen incurrir los
uniformados.
Este
afán de “marcar la ley”, de señalar “quien manda”, de “mear el
terreno”, funciona como amenaza general y es de fácil ejecución: gira en
torno a la criminalización de no criminales. El blanco suele ser
preciso: adolescentes que, por ejemplo, comparten una cerveza en
cualquier esquina del Gran Buenos Aires, que gustan de la cumbia o el
rock, que van a recitales y que puede que estén fumándose un porro. Pero
no son delincuentes, sino en general, muchachos de clase media baja,
tal vez desertores del colegio secundario y con dificultades para
conseguir empleo; o pacíficos pibes de los barrios más pobres, o de las
villas miseria. Desde 1984 a la fecha -desde el fin de la ultima
dictadura militar- hubo en el país alrededor de 2.500 muertes por
“gatillo fácil”.
Con
la delincuencia organizada, en cambio, la policía dirime sus asuntos de
manera más hermética, subterránea y a través de códigos secretos.
Pueden incluso llegar a matar -y lo hacen con frecuencia- pero solamente
cuando hay en danza algún “vuelto”, un incumplimiento, el peligro de
que se produzca alguna traición o filtración: o una venganza por
cualquiera de esas razones.
En
tiempos normales, el entramado delictivo que sostiene la corporación
policial cuenta con sus propios emisarios, jurisconsultos y lobbistas,
que articulan sus relaciones entre los uniformados y el hampa
propiamente dicha. No pertenecen a un bando ni a otro; prestan servicios
a ambos. Se trata de los llamados “sacapresos”, o sea, abogados
penalistas diestros en esa rama subyacente del derecho que es el arte
del “arreglo extrajudicial”.
Tener
bajo control una variada gama de modalidades delictivas mediante y con
el beneficio de la recaudación, resulta un modo eficaz de ejercer
control policial sobre la seguridad urbana. Y de tener los medios de
regularla, ejerciendo así chantaje a dos puntas: frente al hampa y
frente al Estado y la sociedad. Los hombres de azul saben que frente al
mundo poseen ese mágico y unívoco poder.
Algo tendrá que ver que desde siempre sean efectivos mal equipados, mal pagados y, sobre todo, mal reclutados y peor instruidos.
Por quién doblan las alarmas
Desde siempre,
todos los poderes del Estado han conocido esta situación. Y la han
consentido, por aquello de la crónica escasez de recursos y de la no
menos crónica corruptela de la clase política. El enorme volumen
monetario que manejan las cajas policiales no solo van a parar a las
alcancías de los uniformados: también sirve para financiar a buena parte
de la clase política y los aparatos partidarios. El lugar de
subordinación que ocupan las instituciones policiales dentro de los
poderes del Estado hace imposible creer en su autonomía delictiva.
Caciques barriales, intendentes, legisladores y hasta gobernadores, son
sus favorecidos, mandantes o padrinos, según sus cargos y capacidad de
acción. Fondos para bolsillos particulares y campañas electorales,
complicidad en los propios negocios turbios y mano de obra disponible,
son algunas de las razones que hacen ineludible este connubio.
En
1996, cuando el desempleo llegó a afectar al 19% de la población, se
produjo un aumento geométrico en los delitos contra la propiedad y las
personas. Irrumpieron generaciones delictivas cada vez más jóvenes,
precarizadas y violentas. Camadas enteras de pibes excluidos pasaron de
una lactancia incierta a una adolescencia crítica, sin mantener siquiera
un roce conceptual con las fuerzas productivas. Ellos cambiaron
cualitativamente el mapa del delito. El “gatillo fácil” contra este
sector se convirtió en un ejercicio indiscriminado, muchas veces
gratuito, por parte de la policía. Estas nuevas generaciones delictivas
alimentan morgues y portadas periodísticas. Y es esencialmente de allí
que nace la “sensación” de inseguridad. Los llamados “pibes chorros” son
un fenómeno creciente, casi niños que en la mayoría de los casos mueren
antes de la adultez. Es por eso que los pistoleros más experimentados
los evitan. Hasta hace unos años, los uniformados no tenían demasiado
interés en cerrar pactos comerciales con mocosos que podían llegar a
traer, en el mejor de los casos, un magro botín y, encima, tras liquidar
a la víctima. En cambio, esta franja delictiva les era útil para
engordar estadísticas, reclamar nuevas atribuciones y agitar leyes
penales más severas.
Salida laboral
Ahora el
panorama cambió. Ocurre que la crisis del 2001 también afectó a los
bajos fondos. Por caso, el precio irrisorio que los desarmaderos
comenzaron a pagar por un vehículo robado hizo que los levantadores de
autos estacionados migraran hacia otras modalidades delictivas quedando
esa fase del negocio en manos de adolescentes, o “pibes chorros”, solo
calificados para asaltar conductores a mano armada, lo que resultó una
fuente de tragedias. Este sector delictivo habría comenzado a ser
reclutado por el crimen organizado y/o la policía para otros atracos. El
primer signo visible de ello fue el asesinato del ingeniero Ricardo
Barrenechea en octubre de 2008. El hecho instalaría el debate en torna a
la baja de la edad de imputabilidad de los menores. En paralelo, la
bandita de pistoleros adolescentes que había actuado en el hecho
-encabezada por un tal Kitu- develó la existencia de una organización de
policías que trasladaba chicos desde la villa San Petersburgo, en La
Matanza, para robar casas en San Isidro. Otros casos -como el del
camionero Daniel Capristo- robustecieron la certeza, con el agravante de
que el reclutamiento se había convertido en una práctica orgánica y
extendida. La desaparición de Luciano Arruga -ocurrida en Lomas del
Mirador- por haberse negado a robar para la policía fue otra
confirmación. El juez de La Plata, Luis Arias, hizo una denuncia pública
sobre el vínculo policial en este tipo de robos, lo que generó una
indignada réplica del entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.
Pero éste no tardaría en hacer una denuncia similar ante el fiscal
Marcelo Romero, a raíz del asesinato con fines de robo de tres mujeres,
efectuado -según sus palabras- por “menores reclutados por la policía a
cambio de una prestación dineraria”. Stornelli renunció poco después. Y
su presentación judicial quedó en la nada.
Así,
ante el irracional señalamiento de los menores en conflicto con la ley
como únicos culpables de la violencia urbana, un cúmulo de datos indica
de modo palmario que el huevo de la serpiente está en otra parte.
*Periodista, autor junto con Carlos Dutil de La Bonaerense: Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Planeta, Buenos Aires, 1997.
Fuente: Le Monde diplomatique, edicion Buenos Aires, enero 2011.
Fuente: Le Monde diplomatique, edicion Buenos Aires, enero 2011.
jueves, 10 de febrero de 2011
“A 22 años, nadie parece saber qué quisimos hacer en La Tablada”
Por Joaquín Ramos, ex militante del MTP
Un ex preso político del MTP explica por qué el copamiento del regimiento en 1989 fue un error
“Hubo tres puntos de
concentración. Dos quintas y un negocio en la zona de Morón en donde se
juntaron los compañeros que iban a permanecer en las inmediaciones del
cuartel. No sé si Gorriarán los juntó a todos en un lugar porque yo
fui convocado el domingo a la noche, pero no parece muy lógico. Más
bien creo que el Pelado fue a los tres lugares y habló con los
compañeros por separado.
’’Los
panfletos que intentaban confundir a las fuerzas represivas los fuimos
lanzando por el camino los que íbamos a entrar en el regimiento.
’’La
resistencia en el fondo del cuartel no fue intensa. No se pudo romper
porque los militares se parapetaron bien y los encargados de tomar esa
parte eran pocos. Los combates más duros se dieron en la guardia de
prevención y en el edificio de la compañía Comandos y servicios, que
daba a la calle. Al no tomar este edificio, se posibilitó que
accedieran al cuartel refuerzos y se parapetaran ahí e iniciaran la
retoma.
’’No había plan de
retirada. Eso lo sabíamos todos los que participábamos. Cuando le
pregunté al flaco Martín cómo nos íbamos a ir si algo salía mal, me
dijo que nada podía salir mal. También me dijo que si a las 8.30 a.m.
no habíamos tomado el cuartel, la acción habría fracasado.
Curiosamente, no insistí en qué pasaría después de esa hora. Así que,
difícilmente, alguno de los que participamos estuviera esperando una
orden de retirada.
’’Me cuesta
creer que alguno de los atacantes pensara que la acción estaba cantada,
porque los militares estaban en calzoncillos cuando llegamos. Aunque
sí nos sorprendió –a los compañeros que estaban junto a mí, al menos–
la presencia de la policía de la provincia de Bs. As. rodeando el
cuartel a los pocos minutos de iniciada la acción. Lo que he leído es
que se debe a que, en ese momento, se daba el cambio de turno de una
comisaría o academia que hay en las inmediaciones del cuartel.
’’El
MTP sufrió una deserción muy grande de sus cuadros, un año antes de La
Tablada, y creo que fue más bien una de esas divisiones endémicas de
la izquierda que una cosa referente a la opción armada, que no fue
mencionada ni por los que se fueron ni por los que nos quedamos. Tenía
confianza y amistad con muchos de los que se fueron y ninguno me dijo
que se iba porque el Pelado, tarde o temprano, volvería a la lucha
armada. Ni en charlas de café ni en las asambleas previas a la división,
nadie dijo nada ni parecido. Varios de los que se fueron dijeron eso
ante los jueces, supongo que para exculparse, otros fueron más lejos y
se portaron como delatores, pero no se ajusta a la verdad.
’La
acusación sobre Floreal Canalis no fue realizada unas horas después
del asalto, sino varios años después, en un comunicado firmado por
Gorriarán. Desconozco si la afirmación de que era servicio de la policía
provincial es cierta o falsa. De todas formas, en el comunicado mismo
se decía que, si bien Canalis era un infiltrado, su delación había
tenido poca influencia en el desarrollo de los hechos porque tenía muy
restringida la información y la participación en el MTP, lo cual sí era
verdad.
’’Coincido con vos en
que hoy no es justificable el silencio sobre La Tablada y creo, además,
que la explicación que da Gorriarán en su libro es muy pobre. Decir,
16 años después (que fue la fecha en la que salió el libro), que
pudimos habernos equivocado pero que nuestras intenciones eran buenas,
parece una broma.
’’Cuando pude
volver al país, después de los indultos de Duhalde, intenté que los que
quedamos del MTP, los que habíamos estado presos y los que habían
seguido militando en la calle, nos juntáramos para sacar alguna
conclusión sobre lo actuado. Pensaba, y pienso, que siendo tan pocos
podíamos darle un cierre digno a esta experiencia política. No pasa lo
mismo que con la militancia revolucionaria de los ’70, en la que
participaron miles y, por lo tanto, resulta muy difícil hacer un cierre
colectivo.
’’Mi propuesta era
reunir a los que habíamos participado, a los que se sumaron después y
poco más. Por otro lado, era en lo que habíamos quedado mientras
estuvimos presos: ‘Cuando salga el último compañero será el momento de
hacer crítica y autocrítica y, si sacamos la conclusión de que nos
equivocamos, lo diremos”. No hubo forma. Nadie quería hacerlo y el
primero en negarse fue Gorriarán. Él había dado la versión oficial de
La Tablada y el tema estaba cerrado. Nada de cierre colectivo, nada de
reflexión entre todos, nada de nada.
’’¿Por
qué? A mí me parece bastante claro. La Tablada es un error. No hay
otra forma de llamar a un hecho en el que perdimos más de 30
compañeros, el partido político que generó la acción desapareció y, 22
años después, nadie parece saber qué quisimos hacer. No se trata sólo un
fracaso militar, sino de un error político en el que nos saltamos la
regla básica de cualquier acción armada: que se explique sola. Si La
Tablada fue un error, el máximo responsable (no niego mi parte de
responsabilidad pero, definitivamente, no es la misma que tuvo
Gorriarán) debería haber asumido sus responsabilidades.
’’Básicamente,
me parece que no quiso revisar lo actuado para no tener que asumir su
parte. En ese sentido, creo que no estuvo a la altura de una historia
que terminó en un error pero que está plagada de actos heroicos,
entrega y resistencia. Si una cosa reivindico de todo esto es a los que
participamos convencidos de que lo hacíamos por un país más justo. No
reniego de mi responsabilidad y rescato a mis compañeros como
militantes populares y, por eso mismo, me parece que nuestra historia
merecía y merece un final más digno.
’’En
mi opinión, no hay secretos importantes que no se sepan de La Tablada.
Más claro: no creo que La Tablada se haya debido a un problema de
infiltración, carne podrida, engaños, etc. No creo que haya una gran
conspiración de fuerzas oscuras detrás de los hechos que nos tuvieron
como protagonistas. En mi opinión, que La Tablada siga siendo un
misterio obedece, básicamente, a tres razones:
’’–La
primera: una concepción política que ya estaba obsoleta en el ’89,
esto es bastante claro. Son los residuos deformados de la concepción de
los ’70. La creencia de que un grupo armado puede generar un cambio
importante sin contar con las masas. Veíamos la debilidad del gobierno
de Alfonsín, veíamos el fortalecimiento de los carapintadas, veíamos que
había mucho descontento popular con el gobierno y un fuerte rechazo
ante los milicos, veíamos la crisis del campo socialista (aunque nunca
lo que terminó siendo) y pensamos que podíamos ser la chispa que
encendiera la pradera. Que una acción triunfadora sería el catalizador
de una insurrección popular que cambiaría la correlación de fuerzas y el
rumbo del país. Todo eso sin tener, en mi opinión, la inserción
necesaria.
’’–La segunda: que no
funcionábamos como un partido con sus órganos de control. Esto era así
porque Gorriarán dirigía el MTP más allá de lo que dijeran los
organismos del movimiento. En mi caso, aceptaba este estado de cosas
(donde los organismos del movimiento se veían, más bien, como un
obstáculo) con entusiasmo, porque confiaba ciegamente en Gorriarán y en
su dirección. Para mí, él era una garantía, lo mismo que para muchos
compañeros que participaron en el asalto al cuartel. Recuerdo que
tuvimos una reunión con el Pelado antes del alzamiento carapintada de
diciembre del ’88 en el que comentamos la situación política sin
mencionar la posibilidad de algo como La Tablada, pero sí la de resistir
de forma armada un intento de golpe, y le dije a un compañero como
chiste: ‘Esperemos que no se equivoque porque si no, estamos hasta las
bolas’.
’’–La tercera: que nos
habíamos saltado ciertas líneas morales que una organización
revolucionaria no puede cruzar. Esto es, un mal que ha aquejado a
cierta parte de la izquierda mundial. En el frenesí de la acción es
difícil ver esa línea que nunca se debe atravesar y que, sin embargo,
se deja atrás muy fácilmente.
’’En
cuanto a nosotros, la línea que pasamos fue basar la acción sobre una
mentira. Creo que el análisis de la situación del momento podía ser
correcto, pero que actuamos en base a una concepción militar y no
política. Creíamos, en ese momento, que el golpe se estaba preparando
dada la debilidad del gobierno de Alfonsín y las componendas entre
Seineldín y el entonces candidato Menem. Creíamos, y hoy no estoy tan
seguro, que los carapintadas habían pasado a ser una opción válida para
los grupos económicos. La idea era que planeaban un golpe de Estado,
por lo menos encubierto, que derrocaría a Alfonsín, pondría a Víctor
Martínez en la presidencia y que él garantizaría la impunidad de todo lo
actuado por la dictadura militar. Creíamos, y definitivamente ya no lo
creo, que el poder estaba al alcance de la mano. Que Alfonsín no se
sostenía, que Menem no había llegado, que los milicos estaban divididos y
que nosotros podíamos realizar una acción que inclinara la balanza
para el lado del pueblo.
’’Con
el convencimiento del golpe en marcha, se habló de resistir, de
encabezar la resistencia en la calle. Unos días antes de La Tablada se
planteó, a modo de debate, que si esperábamos a que los milicos salieran
con los tanques, la posibilidad de detenerlos era escasa y que si no
era mejor que actuáramos nosotros previamente. Esto se habrá discutido
una semana antes, pero como una idea, no como algo inminente. Más bien
parecía un debate teórico: ¿Qué será mejor? ¿Esperar? ¿Adelantarnos?
’’Se
optó, como es público y notorio, por adelantarnos. De hecho, creo que
cuando se nos planteó como algo teórico, ya estaba decidido. Digamos
que, en ese nivel de decisiones, yo no participaba, pero en ese momento
me pareció algo aceptable.
’’Sabíamos,
como sabía todo el mundo, que La Tablada era un cuartel carapintada y
que era el más importante del Gran Buenos Aires. Si el golpe salía de
algún lado, sería de ahí. Así que, al adelantarnos, lo tomaríamos, lo
neutralizaríamos y después habría una especie de insurrección que
cambiaría el rumbo del gobierno de Alfonsín o formaría un hipotético
gobierno de unidad nacional.
’’Hay
que decir que en esos días eran muchos los políticos que hablaban de
la posibilidad de un golpe de Estado. El mismo Alfonsín, en un
reportaje, dijo que los sublevados no triunfarían; Duhalde dijo algo
parecido. Podemos decir que el tema del golpe era más que un rumor en
ese momento.
’’Se decidió,
entonces, priorizar el criterio militar: adelantarnos a los milicos y
justificar nuestro accionar diciendo que en ese momento y lugar se
estaba dando el golpe. Entonces apareció la mentira y allí atrás quedo
la línea moral que no deberíamos haber cruzado nunca. El golpe era algo
real, solamente acomodábamos un poco las cosas para tener más opciones
de triunfo. Si salía bien, no sería más que un detalle… Si salía mal,
nos arriesgábamos a que nadie entendiera qué estaba pasando.
’’Más
allá del plan, más allá del error (que tire la primera piedra el que
no se equivocó nunca, aunque es cierto que hay equivocaciones más
graves que otras) yo creo que la tragedia es ésa y haber continuado
muchos años dando una visión errónea de lo que pasó. Por eso es muy
difícil de justificar o de entender políticamente La Tablada y ha
quedado como un misterio para la mayoría de la población.
’’Una
aclaración: no pienso que Gorriarán perteneciera a los servicios ni
creo que haya sido un hijo de puta que nos llevó de una oreja. Creo que
fue un revolucionario, con una concepción que se había quedado
obsoleta y que tuvo éxitos y fracasos a lo largo de su vida. Estoy
convencido de que no estuvo a la altura para asumir su responsabilidad
en este episodio y que, en este caso, se equivocó mucho, nos equivocamos
mucho.
’’Una aclaración más
que, parafraseando a Roque Dalton, no sería necesaria casi en ningún
lado pero que en Argentina… Nuestros errores no justifican ni legitiman
las horribles violaciones a los Derechos Humanos que cometió el
Ejército en la recuperación del cuartel.
’’Nadie
ha sido condenado por las desapariciones ni por los fusilamientos ni
por las torturas de compañeros. En este caso, pese al esfuerzo de
tantos abogados que luchan por mantener las causas abiertas, todavía
impera la impunidad. En la Tablada se cometieron todos los delitos de
lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura, salvo el robo de
niños, y eso no debería ser olvidado.
’’Tampoco
nuestro error justifica o legitima el juicio parcial e injusto al que
fuimos sometidos los detenidos y que fue un intento de legitimar la
represión ejercida en la retoma del cuartel.
’’No
me extiendo más en este tema, porque no es lo central de la carta pero
es algo que, creo, no se puede omitir cuando se habla de La Tablada.”.
Fuente; http://sur.elargentino.com/
domingo, 14 de noviembre de 2010
El Rati Horror Show
El Rati Horror Show
es un documental que retrata la dramática historia de Fernando Ariel
Carrera, el caso de un hombre común condenado injustamente a treinta
años de cárcel –no por error sino de manera deliberada– a través de la
manipulación de una causa judicial.
Informacion:
El 25 de enero de 2005 Fernando Ariel Carrera, un joven comerciante de 30 años, sin antecedentes penales, casado y con tres hijos, se encontraba en su auto a pocos metros del Puente Alsina, esperando que el semáforo le diera luz verde para cruzar desde Pompeya a Lanús
Al mismo tiempo, efectivos de la Comisaría 34 buscaban a tres ladrones en un auto blanco –ese era el único dato que tenían– que en la zona habían realizado dos robos. Al ver el Peugeot 205 blanco de Carrera, los policías, dispuestos a detenerlo, se dirigieron hacia él a bordo de un auto sin sirena ni insignia alguna que los identificara como de la Policía Federal.
Lo que Carrera ve es un auto acercándose a toda velocidad con uno de sus integrantes –desaliñado, con pelo largo y barba– con medio cuerpo fuera de la ventanilla y blandiendo un arma de fuego. Temiendo ser asaltado, Carrera acelera y dobla hacia Capital. Pero ya es demasiado tarde.
El policía dispara y el impacto le da de lleno en la mandíbula, dejándolo inconciente. Sin embargo, Carrera sigue manejando por automatismo y a bordo de su auto recorre 500 metros, atravesando la Avenida Sáenz. En el trayecto el Peugeot atropella y mata a tres personas –dos mujeres y un niño de seis años– y termina chocando contra una camioneta frente a la Iglesia de Pompeya. Los policías se bajan del auto, forman un abanico y disparan sobre Carrera. Desde el puente y hasta estos disparos finales, los efectivos policiales dispararon dieciocho veces contra Fernando Carrera. Ocho de esos disparos impactaron en su cuerpo.
Al final del día los medios habían bautizado como “La Masacre de Pompeya” a un supuesto raid delictivo en el cual unos malvivientes habían asesinado a tres personas inocentes, cuando en realidad estábamos frente a un nuevo caso de gatillo fácil y armado de causas judiciales por parte de la Policía Federal.
Finalmente, Carrera es acusado de robo agravado y homicidio, siendo trasladado al penal de Marcos Paz.Su mujer, desesperada por la situación, busca la ayuda del Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia, quienes al comprobar que Carrera efectivamente es inocente, la asesoran judicialmente.
El Dr Federico Ravina y la Dra Rocío Rodríguez se convierten en sus abogados defensores.
Antes del comienzo del juicio, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel –entre otras organizaciones de derechos humanos– manifiestan su apoyo a Carrera y a su familia, avalando la teoría de la causa judicial armada.
Durante las audiencias, los abogados de Carrera desentrañan la causa armada: cuatro de los testigos que en la instrucción aparecían diciendo que habían visto a Carrera disparar, lo negaron frente a los jueces; parte de las pruebas procesales misteriosamente desaparecieron; ninguno de los damnificados por los robos reconoció a Carrera como el autor de los hechos; todos los testigos afirman no haber escuchado sirenas durante la persecución; entre otras tantas irregularidades presentes en la causa.
estado actual de la causa
EL 7 de junio de 2007 Fernando Ariel Carrera fue condenado a 30 años de prisión. Hasta hoy sigue detenido en el penal de Marcos Paz.
En diciembre de 2009, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel
y Enrique Piñeyro se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura de Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) adjuntando a la presentación el video que mostraba las incontables irregularidades del expediente.
Con el voto favorable de tres miembros del tribunal, se le dio vista al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que dictamine si la Corte Suprema debe abocarse o no a la revision de la causa.
Link De Descarga: http://www.megaupload.com/?d=6DLEBHCU
Pelicula Online: http://www.megavideo.com/?d=6DLEBHCU
sábado, 6 de noviembre de 2010
La biografía oculta de los Obama: una familia al servicio de la CIA (2ª parte)
Por Wayne Madsen
En
la segunda parte de su investigación, Wayne Madesen aborda la biografía
de la madre y del padre adoptivo del presidente Barack Obama. Sigue la
trayectoria de ambos como agentes de la CIA, primeramente en la
Universidad de Hawai, donde se elaboran algunos de los más oscuros
proyectos de la CIA, y posteriormente en Indonesia, en momentos en que
Estados Unidos preparaba una enorme masacre de simpatizantes comunistas.
Las carreras de la madre de Obama y de su padre adoptivo forman parte
del periodo que rodeó el comienzo de la globalización en Asia y en el
resto del mundo. A diferencia de la dinastía Bush, Barack Obama supo
esconder hasta ahora sus propios vínculos con la CIA y, sobre todo, los
que tenía su familia. Madsen concluye con la siguiente interrogante:
¿Qué esconde aún Barack Obama?
El
joven «Barry» Obama Soetoro, a la edad de 10 años, con su padre
adoptivo Lolo Soetoro, su madre Ann Dunham Obama Soetoro y su media
hermana Maya Soetoro (Foto de familia publicada por Bloomberg News).
En
la primera parte de este trabajo especial, el Wayne Madsen Report (WMR)
revelaba los vínculos entre Barack Obama, padre del presidente
estadounidense, y el envío a Estados Unidos de 280 estudiantes
originarios de Sudáfrica y de los países del este de África que ya
habían alcanzado la independencia o que estaban a punto de hacerlo.
Mediante la entrega de diplomas universitarios, Estados Unidos se estaba
garantizando la simpatía de los felices elegidos y esperaba
contrarrestar los planes similares de la Unión Soviética y China.
El
padre de Barack Obama fue el primer estudiante extranjero inscrito en
la Universidad de Hawai. Obama padre y la madre de Barack Obama, la
Srta. Ann Stanley Dunham, se conocieron en un curso de lengua rusa, en
1959, y se casaron en 1961.
El
programa de invitación de estudiantes africanos estaba en manos del
líder nacionalista Tom Mboya, mentor y amigo de Obama padre y, al igual
que él, originario de la tribu luo. Los documentos de la CIA citados en
la primera parte de este trabajo demuestran la activa cooperación de
Mboya con la CIA para impedir que los nacionalistas prosoviéticos y
prochinos adquiriesen influencia sobre los movimientos nacionalistas
panafricanos en los sectores político, estudiantil y obrero.
Uno
de los más encarnizados oponentes de Mboya era el primer presidente de
la República de Ghana, Kwame Nkrumah, derrocado en 1966 durante una
operación montada por la CIA. Al año siguiente, Barack Obama y su madre
se reunieron con Lolo Soetoro en Indonesia. Soetoro había conocido a Ann
Dunham en 1965, en la Universidad de Hawai, cuando el joven Barack
tenía sólo 4 años.
Así
que Barack y su madre se instalaron en Yakarta en 1967. En 1965, el
general Suharto había llamado a Lolo Soetoro para que se incorporara al
alto mando militar y ayudara a la planificación, con ayuda de la CIA,
del genocidio de indonesios y de chino-indonesios procomunistas a través
de todo el país. Suharto consolidó su poder en Indonesia en 1966, el
mismo año en que Mboya ayudaba a la CIA a encontrar entre los
nacionalistas panafricanos el apoyo necesario para derrocar al
presidente Nkrumah en Ghana.
El East-West Center de la Universidad de Hawai y el golpe de Estado de la CIA contra Sukarno
Vínculos entre las diversas instituciones y la CIA.
Ann
Dunham conoció a Lolo Soetro en el East-West Center de la Universidad
de Hawai. Ese centro estaba vinculado desde hacía mucho con las
actividades de la CIA en la zona Asia/Pacífico.
En 1965, año en que Dunham conoció a Lolo Soetoro y se casó con él, se produce el nombramiento de un nuevo decano en el East-Western Center. Se trata de Howard P. Jones, quien había sido embajador de Estados Unidos en Indonesia durante 7 años que fueron capitales para aquel país, entre 1958 y 1965. Jones estaba presente en Yakarta cuando Suharto y sus oficiales, actuando por cuenta de la CIA, planificaron el derrocamiento de Sukarno, acusado, al igual que el PKI (Partido Comunista Indonesio) de ser un aliado de China.
En 1965, año en que Dunham conoció a Lolo Soetoro y se casó con él, se produce el nombramiento de un nuevo decano en el East-Western Center. Se trata de Howard P. Jones, quien había sido embajador de Estados Unidos en Indonesia durante 7 años que fueron capitales para aquel país, entre 1958 y 1965. Jones estaba presente en Yakarta cuando Suharto y sus oficiales, actuando por cuenta de la CIA, planificaron el derrocamiento de Sukarno, acusado, al igual que el PKI (Partido Comunista Indonesio) de ser un aliado de China.
El 10 de octubre de 1965, siendo ya el decano del East-West Center, Jones publicó en el Washington Post un artículo en defensa de Suharto sobre la cuestión del golpe de Estado contra Sukarno. El Washington Post lo invitaba a comentar aquel golpe de Estado, descrito como un «contragolpe de Estado»
cuyo objetivo era retomar el poder de manos de los comunistas. Jones
declaraba que Suharto no había hecho sino responder a un golpe de Estado
comunista contra Sukarno dirigido por el teniente coronel Untung, «un capitán de batallón relativamente desconocido, destacado en la guardia presidencial».
Jones,
cuyas palabras reflejan el contenido de los informes de la CIA
provenientes de la embajada de Estados Unidos en Yakarta, continuaba su
artículo afirmando que el supuesto golpe militar comunista del 30 de
septiembre de 1965 «estaba muy cerca de tener éxito, después del
asesinato de 6 oficiales del alto mando. Hubiese tenido éxito si el
ministro de Defensa Nasution y varios generales no hubiesen reaccionado
lo bastante rápido como para organizar un espectacular contragolpe». Por supuesto, lo que Jones no informó a los lectores del Washington Post fue que Suharto tuvo muchísimo apoyo de la CIA.
Ni
Sukarno ni el gobierno indonesio, al que pertenecían líderes de segunda
y tercera importancia en el PKI, reprocharon aquellos asesinatos a los
comunistas. No se puede descartar la hipótesis de que los asesinatos
fuesen una operación bajo bandera falsa organizada por la CIA y Suharto y
destinada a poder enfilar las acusaciones hacia el PKI. Dos días
después del golpe de Suharto, personas que participaban en una
manifestación orquestada por la CIA incendiaron el cuartel general del
PKI en Yakarta. Al desfilar ante la embajada estadounidense, que incluía
también una estación de la CIA, los manifestantes gritaban: «¡Viva Estados Unidos!»
Untung
declaró, por su parte, que él cuando se dio cuenta de que Suharto y la
CIA estaban preparando un golpe de Estado para el día del desfile del
ejército indonesio, el 5 de octubre de 1965, Sukarno y él mismo, con
algunos militares leales, decidieron adelantarse a los golpistas. Jones
respondió que veía en aquella versión «la tradicional propaganda comunista». Suharto se había comprometido en contra de Sukarno el 1º de octubre. Jones repitió que no había «ni una onza de verdad en la acusación que se hacía a la CIA de haber actuado contra Sukarno». Los historiadores han comprobado lo contrario.
Jones acusaba a los comunistas de aprovechar los problemas de salud de Sukarno para excluir a cualquier candidato que pudiese reemplazarlo. El objetivo de los comunistas, según Jones, era imponer como sucesor de Sukarno a D. N. Aidit, el jefe del PKI. La muerte de Sukarno no se produjo hasta 1970, cuando se encontraba en prisión domiciliaria.
Jones acusaba a los comunistas de aprovechar los problemas de salud de Sukarno para excluir a cualquier candidato que pudiese reemplazarlo. El objetivo de los comunistas, según Jones, era imponer como sucesor de Sukarno a D. N. Aidit, el jefe del PKI. La muerte de Sukarno no se produjo hasta 1970, cuando se encontraba en prisión domiciliaria.
Un documento de la CIA, anteriormente clasificado como documento secreto y no fechado, menciona que «Sukarno quería volver a la configuración anterior al golpe. Se negaba a acusar al PKI y al Movimiento del 30 de Septiembre del teniente coronel Untung; llamó más bien a la unidad del pueblo indonesio y evitó el deseo de venganza. Pero no logró impedir que el ejército prosiguiera sus operaciones contra el PKI; actuó] en el sentido de esas operaciones al nombrar al general Suharto a la cabeza del ejército».
Suharto y padre adoptivo de «Barry» Obama Soetoro, Lolo Soetoro, ignoraron los llamados a la calma de Sukarno, como rápidamente habrían de comprobarlo los indonesios.
Suharto y padre adoptivo de «Barry» Obama Soetoro, Lolo Soetoro, ignoraron los llamados a la calma de Sukarno, como rápidamente habrían de comprobarlo los indonesios.
Después
del fracaso del golpe de Estado atribuido a oficiales de izquierda en
1965, Suharto (a la izquierda) desencadenó sangrientas purgas
anticomunistas que costaron la vida a un millón de civiles.
Los
documentos de la CIA mencionan la masacre perpetrada por Suharto contra
las poblaciones chino-indonesias a través de la descripción del partido
Baperki: «Los simpatizantes del partido de izquierda Baperki, muy
implantado en las zonas rurales, son mayoritariamente de origen
chino-indonesio.» Una nota desclasificada de la CIA, fechada el 6 de
octubre de 1966, demuestra la extensión del control y de la supervisión
que ejerció la CIA durante el golpe de Estado de Sukarno.
Numerosos
agentes se desempeñaban como intermediarios con las unidades de Suharto
que ocupaban posiciones en los alrededores del palacio presidencial, en
Bogor, y de diversas embajadas en todo el país, como el consulado de
Estados Unidos en Medan. Ese consulado vigilaba a los simpatizantes de
la izquierda en aquella ciudad de la isla de Sumatra y, según un
memorando de la CIA fechado el 2 de octubre de 1965, puso en
conocimiento de la agencia que «el cónsul soviético disponía de un avión listo para evacuar a los ciudadanos soviéticos de Sumatra».
La nota del 6 de octubre recomendaba también impedir que Untung tuviese
demasiado apoyo entre las poblaciones del interior de la isla de Java.
Ann Dunham Soetero «conquistando los corazones y las mentes» de los granjeros y artesanos javaneses en la aldea de Kajar.
Un
informe semanal ya desclasificado de la CIA sobre Indonesia, fechado el
11 de agosto de 1967 y titulado «El nuevo orden en Indonesia», muestra
que en 1966 Indonesia reestructuró su economía para cumplir las
condiciones del FMI para la obtención de ayuda.
En ese informe, la CIA se regocijaba por el nuevo triunvirato instalado en el poder en Indonesia en 1967: Suharto, el ministro de Relaciones Exteriores Adam Malik y el sultán de Jogjakarta , quien era también ministro de Economía y Finanzas. La CIA se felicitaba también por la prohibición del PKI pero reconocía que ese partido «reunía sin embargo numerosos partidarios en el este y el centro de Java».
Es precisamente en esa región donde Ann Dunham Soetoro concentraría posteriormente sus actividades por cuenta de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), del Banco Mundial y de la Fundación Ford, organismos que actuaban todos como pantallas de la CIA. La misión de Ann Dunham Soetoro era «conquistar los corazones y las mentes» de los granjeros y artesanos javaneses.
En ese informe, la CIA se regocijaba por el nuevo triunvirato instalado en el poder en Indonesia en 1967: Suharto, el ministro de Relaciones Exteriores Adam Malik y el sultán de Jogjakarta , quien era también ministro de Economía y Finanzas. La CIA se felicitaba también por la prohibición del PKI pero reconocía que ese partido «reunía sin embargo numerosos partidarios en el este y el centro de Java».
Es precisamente en esa región donde Ann Dunham Soetoro concentraría posteriormente sus actividades por cuenta de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), del Banco Mundial y de la Fundación Ford, organismos que actuaban todos como pantallas de la CIA. La misión de Ann Dunham Soetoro era «conquistar los corazones y las mentes» de los granjeros y artesanos javaneses.
Una
nota desclasificada de la CIA fechada el 23 de julio de 1966 presenta
claramente al partido musulmán Nahdatul Ulama (NU), la formación
política más poderosa de Indonesia, como un aliado natural de Estados
Unidos y del régimen de Suharto. El informe demuestra que Suharto contó
con la ayuda de la CIA para derrocar a los comunistas durante el periodo
de contragolpe, específicamente en los lugares donde el NU estaba mejor
implantado: en el este de Java, el norte de Sumatra y en varias zonas
de la isla de Borneo. Otra nota desclasificada de la CIA, fechada el 29
de abril de 1966, menciona al PKI: «Los extremistas musulmanes han
superado al ejército en muchos aspectos al perseguir y asesinar a los
miembros del PKI y de otros grupos afiliados que les servían de
cobertura.»
Dunham y Barry Soetoro en Yakarta y las actividades secretas de la USAID
Ya
embarazada de Barack Obama, Dunham abandonó sus estudios en la
Universidad de Hawai en 1960. El padre de Barack Obama abandonó Hawai en
1962 para ir a estudiar en Harvard. Dunham y el padre de Barack Obama
se divorciaron en 1964.
En el otoño de 1961, Dunham se inscribió en la Universidad de Washington y comenzó a criar a su hijo. Se reincorporó a la Universidad de Hawai entre 1963 y 1966. Después de unirse a Dunham en marzo de 1965, Lolo Soetoro salió de Hawai para Indonesia el 20 de julio de 1965, tres meses antes de las operaciones de la CIA contra Sukarno.
En el otoño de 1961, Dunham se inscribió en la Universidad de Washington y comenzó a criar a su hijo. Se reincorporó a la Universidad de Hawai entre 1963 y 1966. Después de unirse a Dunham en marzo de 1965, Lolo Soetoro salió de Hawai para Indonesia el 20 de julio de 1965, tres meses antes de las operaciones de la CIA contra Sukarno.
Resulta
evidente que Soetoro, promovido al grado de coronel por Suharto,
regresó a Yakarta para participar en el golpe de Estado contra Sukarno,
acción que provocó la muerte de un millón de civiles indonesios.
El presidente Obama preferiría que la prensa ignorara ese pasado. Y eso precisamente fue lo que hizo la prensa durante la campaña de las primarias y durante la elección presidencial de 2008.
El presidente Obama preferiría que la prensa ignorara ese pasado. Y eso precisamente fue lo que hizo la prensa durante la campaña de las primarias y durante la elección presidencial de 2008.
En
1967, luego de su llegada a Indonesia con Obama junior, Dunham impartió
clases de inglés en la embajada de Estados Unidos en Yakarta, que
incluía una de las más importantes estaciones de la CIA en toda Asia,
con importantes filiales en Surabaya, en el este de Java, y en Medan, en
la isla de Sumatra. Jones dejó su cargo de decano de la Universidad de
Hawai en 1968.
En
realidad, la madre de Obama impartía clases de inglés por cuenta de la
USAID, organización de gran envergadura que servía de pantalla para las
actividades secretas de la CIA en Indonesia y en todo el sudeste
asiático, en países como Laos, el sur de Vietnam y Tailandia.
El programa de la USAID se conoce con el nombre Lembaga Pendidikan Pembinaan Manajemen. Aunque su propio hijo y la gente que se relacionó con ella en Hawai describen a Dunham como una persona de mentalidad libre, «hija de los años 60», las actividades que realizó en Indonesia contradicen la tesis de que fuera una «hippie».
El programa de la USAID se conoce con el nombre Lembaga Pendidikan Pembinaan Manajemen. Aunque su propio hijo y la gente que se relacionó con ella en Hawai describen a Dunham como una persona de mentalidad libre, «hija de los años 60», las actividades que realizó en Indonesia contradicen la tesis de que fuera una «hippie».
Los
estudios de ruso que Dunham había hecho en Hawai parecen haber sido de
mucha utilidad para la CIA en Indonesia. En una nota desclasificada, con
fecha del 2 de agosto de 1966, el autor de dicha nota, el secretario
general del Consejo de Seguridad Nacional Bromley Smith relataba que, al
igual que Japón. Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y
Filipinas, la Unión Soviética y sus aliados de Europa Oriental habían
acogido bien la noticia del golpe de Suharto ya que creaba una Indonesia
no alineada que «representaba un contrapeso en Asia ante la China comunista».
Varios archivos demuestran que, al igual que Ann Dunham, varios agentes
de la CIA destacados en Yakarta, antes y después del golpe de Estado de
1965, hablaban ruso.
Durante
su estancia en Indonesia, y posteriormente en Pakistán, Dunham Soetoro
trabajó para la Fundación Ford, el Banco Mundial, el Banco Asiático de
Desarrollo, el Banco Rakyat (el banco público indonesio perteneciente al
gobierno) y para la USAID.
La USAID estuvo implicada en varias operaciones secretas de la CIA en sudeste asiático. El 9 de febrero de 1971, el diario Washington Star
publicó que, según los responsables de la USAID en Laos, el arroz que
la USAID enviaba al ejército de Laos se revendía al ejército de Vietnam
del Norte en el propio Laos. El informe revela que Estados Unidos
toleraba la reventa del arroz de la USAID porque el ejército de Laos
evitaba así los ataques de Vietnam del Norte y de sus aliados comunistas
del Pathet Lao.
La
USAID y la CIA utilizaban el abastecimiento de arroz para obligar a las
tribus meo de Laos a unirse a Estados Unidos en la guerra contra los
comunistas. Estaba previsto que la USAID destinara fondos a la ayuda
para los civiles heridos y la creación de un sistema de seguro médico en
Laos, pero aquellos fondos fueron desviados y utilizados con fines
militares.
En
1971, el Centro de Estudios Vietnamitas de la Universidad de Illinois
en Carbondale, financiado por la USAID, fue acusado de servir de
pantalla a la CIA. Se sospechó también que los proyectos financiados por
la USAID a través del Consorcio de Universidades del Midwest para
Actividades Internacionales (Midwest Universities Consortium for
International Activities, MUCIA), que incluye las universidades de
Illinois, Minnesota, Indiana y Michigan, eran en realidad proyectos
secretos de la CIA.
Entre
esos proyectos se encontraban los programas de «educación agraria» en
Indonesia y otros proyectos en Afganistán, Malí, Nepal, Nigeria,
Tailandia y Vietnam del Sur. Aquellas acusaciones se produjeron en 1971,
cuando Dunham trabajaba para la USAID en Indonesia.
En un artículo publicado el 10 de julio de 1971, el New York Times
acusaba a la USAID y la CIA de haber «perdido» 1 700 millones de
dólares destinados al programa CORDS (Civil Operations and Revolutionary
Development Support). Aquel programa era parte de la Operación Fénix,
en el marco del cual la CIA torturó y asesinó a numerosos civiles,
patriarcas y monjes budistas en las aldeas de Vietnam del Sur. Sumas de
dinero provenientes de la USAID fueron entregadas también a Air America,
una compañía aérea perteneciente a la CIA en el sudeste asiático.
En
Tailandia, el financiamiento de la USAID al Programa de Desarrollo
Rural Acelerado (Accelerated Rural Development Program) servía de
pantalla a las operaciones de lucha contra la insurrección comunista. De
la misma manera, en 1971, durante los meses anteriores al
desencadenamiento de la tercera guerra indo-pakistaní, los fondos de la
USAID destinados a los proyectos de trabajos públicos en el este de
Pakistán fueron utilizados para consolidar posiciones militares en la
frontera con la India. Aquellos desvíos de fondos violaban la ley
estadounidense que prohíbe la utilización de fondos de la USAID en
programas de carácter militar.
En
1972, en una entrevista concedida a Metromedia News, el doctor John
Hannah, director de la USAID, reconoció que la CIA utilizaba la USAID
como pantalla de sus operaciones secretas en Laos. Hannah afirmaba que
la USAID servía de pantalla únicamente en Laos. Pero se comprobó que la
USAID también servia de pantalla en Indonesia, Filipinas, Vietnam del
Sur, Tailandia y Corea del Sur. Los proyectos de la USAID en el sudeste
asiático tenían que obtener la aprobación del SEADAG (Southeast Asian
Development Advisory Group), un grupo que elaboraba proyectos públicos
en Asia, obligado en realidad a acatar la opinión de la CIA.
En
1972 se comprobó que el programa Food for Peace, administrado por la
USAID y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, recibió un
financiamiento con objetivos militares para la realización de proyectos
en Camboya, Corea del Sur, Turquía, Vietnam del Sur, España, Taiwán y
Grecia. En 1972, la USAID solamente envió dinero a las zonas
meridionales de Yemen del Norte, con vistas a armar a las fuerzas
noryemenitas contra el gobierno de Yemen del Sur, dirigido en aquel
entonces por socialistas contrarios a la hegemonía estadounidense en la
región.
Entre
las instituciones afiliadas a los trabajos de la USAID en Indonesia se
hallaba la Fundación Asia (Asia Foundation), creada con ayuda de la CIA
en los años 1950 para contrarrestar la expansión del comunismo en Asia.
La pensión del East-West Center en la Universidad de Hawai era
financiada por la Fundación Asia. El padre de Obama vivió en aquella
pensión cuando llegó de Kenya, después de haber gozado de los beneficios
del programa de ayuda a los estudiantes africanos que organizaba uno de
los más influyentes agentes de la CIA en África, Tom Mboya.
Dunham
también estuvo en Ghana, en Nepal, en Bangladesh, en la India y en
Tailandia en el marco de varios proyectos de microfinanciamiento. En
1965, el padre de Barack Obama dejó Harvard y regresó a Kenya con su
nueva esposa estadounidense. El padre de Obama retomó entonces contacto
con su viejo amigo, el «golden boy» de la CIA Tom Mboya, y con otros
políticos de origen luo, la tribu del padre de Obama. Philip Cherry
dirigió la estación de la CIA en Nairobi desde 1964 hasta 1967.
En
1975 [Philip Cherry] fue nombrado jefe de la estación de la CIA en
Dacca, la capital de Bangladesh. El embajador estadounidense de aquella
época en Bangladesh, Eugene Booster, acusó a Cherry de estar implicado
en el asesinato del primer presidente de Bangladesh, Sheik Mujiur
Rahman, y en la muerte de otros miembros de su familia. La ejecución de
la familia presidencial de Bangladesh probablemente fue ordenada por el
secretario de Estado Henry Kissinger. Bangladesh era también una etapa
en el itinerario que seguía Ann Dunham, por cuenta de la CIA, en el
marco de varios proyectos de micro y macrofinanciamiento.
Obama
y sus abuelos maternos, Madelyn y Stanley Dunham, en 1979. Su abuela
fue vicepresidenta del Banco de Hawai, institución bancaria utilizada
por diferentes pantallas de la CIA.
Los bancos de la CIA y Hawai
Ann
Dunham se quedó en Indonesia cuando el joven Barack Obama regresó a
Hawai, en 1971. Puso a su hijo en manos de su abuela materna, Madelyn
Dunham. Esta última fue la primera mujer que ocupó el cargo de
vicepresidente del Banco de Hawai en Honolulu. Diferentes pantallas de
la CIA utilizaban por entonces el Banco de Hawai para transferir fondos a
los dictadores asiáticos en el poder, como el presidente de Filipinas
Ferdinando Marcos, el presidente de Vietnam del Sur Nguyen Van Thieu y
el general Suharto, presidente de Indonesia.
En
efecto, el Banco de Hawai se encargaba de lavar el dinero de la CIA
como medio de disimular el apoyo de la CIA a sus líderes políticos
preferidos en la región Asia-Pacífico.
En
Honolulu, una de las sociedades bancarias más utilizadas por la CIA
para el lavado de dinero era la BBRDW (Bishop, Baldwin, Rewald,
Dillingham & Wong). En 1983, la CIA aprobó la liquidación de la
BBRDW, sospechosa de ser parte de una operación de inversiones
fraudulentas que seguía el esquema piramidal o esquema de Ponzi. El
senador Daniel Inouye –miembro del Comité de Inteligencia del Senado
estadounidense (US Senate Select Committee on Intelligence) y uno de los
mejores amigos del ex senador de Alaska Ted Stevens– declaró en aquel
entonces que el papel de la CIA en la BBRDW era «insignificante». Se
descubrió después que Inouye había mentido.
En
realidad, la BBRDW estaba ampliamente implicada en el financiamiento de
las actividades secretas de la CIA en toda Asia, como las de espionaje
industrial en Japón, las de ventas de armas a las guerrillas
anticomunistas de los muyahidines afganos, y también en Taiwán.
Entre
los dirigentes de la BBRDW se hallaba John C. «Jack» Kindschi. Antes de
jubilarse, en 1981, Kindschi fue jefe de la estación de la CIA en
Honolulu. El diploma universitario que el presidente de la BBRDW, Ron
Rewald, exhibía en la pared de su oficina era falso, fabricado por los
expertos de la CIA. La agencia llegó incluso a agregar el nombre de
Rewald en los archivos de ex estudiantes.
La
CIA reescribió el pasado de la BBRWD para hacer creer que aquel banco
estaba presente en Hawai desde la época de la anexión del archipiélago
por parte de Estados Unidos. El presidente Obama lucha en estos momentos
contra una serie de acusaciones de que sus diplomas y notas obtenidos
son falsos, al igual que su número de seguridad social en Connecticut y
otros datos que realzan su currículum.
¿Será el descubrimiento de los documentos falsificados de la BBRDW lo dio origen a las interrogantes que hoy están saliendo a la luz sobre el pasado de Barack Obama?
¿Será el descubrimiento de los documentos falsificados de la BBRDW lo dio origen a las interrogantes que hoy están saliendo a la luz sobre el pasado de Barack Obama?
La
BBRDW se hallaba en el barrio de negocios de Honolulu, cerca de la sede
del Banco de Hawai, donde se encontraban a su vez las cuentas
enmascaradas de la CIA que administraba Madelyn Dunham, la abuela de
Barack Obama. El Banco de Hawai se ocupó de las numerosísimas
transacciones financieras secretas que realizaba la BBRDW.
Obama-Soetoro y «los años que vivimos en peligro» en Yakarta
Es
evidente que Ann Dunham Soetoro y su esposo indonesio, Lolo Soetoro,
padre adoptivo del presidente Obama, estaban muy estrechamente
vinculados a las actividades de la CIA tendientes a neutralizar la
influencia chino-soviética en Indonesia durante «los años que vivimos en
peligro» después del derrocamiento de Sukarno.
El Wayne Madsen Report descubrió que durante aquel mismo periodo varios agentes de alto rango de la CIA fueron nombrados, tanto de forma oficial como no oficial, en diferentes puestos enmascarados en Indonesia.
La cobertura la proporcionaban la USAID, los Cuerpos de Paz (Peace Corps) y la USIA (US Information Agency).
El Wayne Madsen Report descubrió que durante aquel mismo periodo varios agentes de alto rango de la CIA fueron nombrados, tanto de forma oficial como no oficial, en diferentes puestos enmascarados en Indonesia.
La cobertura la proporcionaban la USAID, los Cuerpos de Paz (Peace Corps) y la USIA (US Information Agency).
Uno
de los agentes de la CIA más cercanos a Suharto era Kent B. Crane,
quien había estado entre los agentes de la CIA nombrados en la embajada
de Estados Unidos en Yakarta. Crane estaba tan estrechamente vinculado
con Suharto que después de «su jubilación» de la CIA, parece haber sido
uno de los pocos hombres de negocios «privados» en obtener del gobierno
de Suharto un pasaporte diplomático indonesio.
La
empresa de Crane, el Crane Group, vendía armas de pequeño calibre a las
fuerzas militares de Estados Unidos, Indonesia y otros países. Crane
fue consejero de Relaciones Exteriores del vicepresidente de Estados
Unidos Spiro Agnew. Posteriormente el presidente estadounidense Ronald
Reagan lo nombró embajador de Estados Unidos en Indonesia, nominación
que no llegó a concretarse debido a sus sospechosos vínculos con
Suharto.
En su lugar se nombró a John Holdridge, cercano a Kissinger. Al terminar su mandato en Yakarta, Holdridge fue reemplazado por Paul Wolfowitz.
En su lugar se nombró a John Holdridge, cercano a Kissinger. Al terminar su mandato en Yakarta, Holdridge fue reemplazado por Paul Wolfowitz.
Los
protegidos de Suharto, entre ellos Mokhtar y James Riady del Lippo
Group, se vieron acusados de haber inyectado, a través de contribuciones
extranjeras ilegales, más de un millón de dólares a las cuentas de la
campaña electoral de Bill Clinton en 1992.
El presidente Barack Obama ha pospuesto por dos veces su visita oficial a Indonesia. ¿Será porque teme el interés que ese viaje pudiera despertar por los vínculos de su madre y de su padre adoptivo con la CIA?
El presidente Barack Obama ha pospuesto por dos veces su visita oficial a Indonesia. ¿Será porque teme el interés que ese viaje pudiera despertar por los vínculos de su madre y de su padre adoptivo con la CIA?
Ann
Dunham de visita en un criadero de patos en Bali, oficialmente, en el
marco de su trabajo para el desarrollo de programas de crédito bancario
para pequeñas empresas.
Durante
los años 1970 y 1980, Dunham se ocupaba de proyectos de microcrédito en
Indonesia por cuenta de la Fundación Ford, del East-West Center y de la
USAID. Entre las personas que trabajaban por entonces en la embajada de
Estados Unidos se encontraba el doctor Gordon Donald Jr., quien
participó en la protección de los edificios de la embajada durante las
violentas manifestaciones contra Estados Unidos que se produjeron en el
periodo del golpe contra Sukarno.
Dentro
de la Oficina de Relaciones Económicas, Donald era responsable del
microfinanciamiento de la USAID destinado a los campesinos indonesios,
el mismo programa en el que Dunham trabajó en colaboración con la USAID
durante los años 1970, después de haber impartido clases de inglés en
Indonesia, también por cuenta de la USAID. En el libro Who’s Who in the CIA,
publicado en 1968 en Alemania Occidental, se describe a Donald como un
agente de la CIA que también estuvo destacado en Lahore, Pakistán,
ciudad en la que Dunham haría posteriormente una estancia de 5 años, en
una suite del hotel Hilton, en la realización de proyectos de
microfinanciamiento por cuenta del Banco Asiático de Desarrollo.
Entre las personas que trabajaban en Yakarta, el Who’s Who in the CIA
menciona también a Robert F. Grealy, quien se convertiría
posteriormente en director de relaciones internacionales para la zona
Asia-Pacífico en J. P. Morgan Chase y, más tarde, en director de la
Cámara de Comercio para Estados Unidos e Indonesia. El presidente de J.
P. Morgan Chase, Jamie Dimon, fue mencionado recientemente como posible
sustituto de Richard Geithner, el secretario del Tesoro, cuyo padre,
Peter Geithner, trabajaba para la Fundación Ford y tenía la última
palabra en la atribución de los fondos destinados a los proyectos de
microfinanciamiento de Dunham.
Los inconfesables proyectos de la CIA en Hawai
Mientras
se hallaba en Pakistán, Ann Dunham recibió la visita de su hijo Barack
en 1980 y 1981. Barack Obama también estuvo entonces en Karachi, en
Lahore y en la ciudad india de Hyderabad. Durante aquel mismo periodo,
la CIA intensificaba sus operaciones en Afganistán desde territorio
pakistaní.
El
31 de enero de 1981, el director adjunto de la Oficina de Investigación
e Informes de la CIA (ORR, Office of Research and Reports) transmitió
al director de la CIA, Allen Dulles, una larga nota, clasificada como
secreta, código NOFORN, y actualmente desclasificada. En dicha nota se
presenta el informe sobre una misión de búsqueda de datos de
inteligencia realizada entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre de
1957 en el Extremo Oriente, el sudeste asiático y el Medio Oriente.
El
jefe de la ORR mencionaba en aquella nota su encuentro con el equipo
del general retirado Jesmond Balmer, por entonces alto responsable de la
CIA en Hawai, sobre el pedido que había formulado el jefe del US
Pacific Command para «la recogida de numerosa información que exige largas investigaciones». El jefe de la ORR mencionaba entonces las investigaciones realizadas por la CIA para reclutar en la Universidad de Hawai «estudiantes que hablen chino (…) capaces de desempeñar misiones de inteligencia».
Abordaba después los debates que se habían desarrollado en Baguio,
entre el 26 y el 29 de noviembre de 1957, en un seminario de la
Organización del Tratado del Sudeste Asiático sobre contraespionaje. El
Comité Económico había discutido primeramente sobre los «fondos para el desarrollo económico» destinados a combatir «las actividades de subversión ejercidas por el bloque chino-soviético en la región», antes de «estudiar todas las posibles reacciones a su puesta en marcha».
Las
delegaciones tailandesa y filipina hicieron muchos esfuerzos por lograr
que Estados Unidos financiara un fondo de desarrollo económico que
habría emprendido en la región otros proyectos de la USAID, como
aquellos en los que tanto trabajaban Peter Geithner y la madre de Barack
Obama.
Existe
una importante masa de literatura sobre los aspectos geopolíticos de
las operaciones secretas de la CIA realizadas desde la Universidad de
Hawai. No sucede lo mismo con los elementos más tenebrosos de la
búsqueda de información de inteligencia y las
Operaciones como MK-ULTRA, que no se han asociado sistemáticamente a la Universidad de Hawai.
Varias
notas desclasificadas de la CIA fechadas el 15 de mayo de 1972
mencionan la implicación del Departamento de Defensa ARPA (Advanced
Research Projects Agency) y de la Universidad de Hawai en un programa de
la CIA para estudios del comportamiento. Esas notas fueron redactadas
por el entonces director adjunto de la CIA Bronson Tweedy, el director
del PRG (Program Review Group) de la US Intelligence Community y el
director de la CIA Robert Helms. Las notas tienen como tema «las investigaciones realizadas por el ARPA sobre la inteligencia».
La
nota del director del PRG aborda una conferencia en la que participó,
el 11 de mayo de 1972, el teniente coronel Austin Kibler, director de
estudios del comportamiento en el ARPA. Kibler supervisaba las
investigaciones del ARPA sobre modificación del comportamiento y
vigilancia remota. Los memos del director del PRG mencionan a varios
altos responsables: Edward Proctor, director adjunto de la CIA a cargo
de la inteligencia; Carl Duckett, director adjunto de la CIA a cargo de
ciencias y tecnologías, y John Huizenga, el director del Office of
National Estimates.
En
1973, luego que el entonces director de la CIA, James Schlesinger,
ordenara una investigación administrativa sobre la totalidad de los
programas de la CIA, la agencia presentó toda una serie de documentos
sobre diversos programas, lo que se designó con la expresión «joyas de
familia». La mayoría de aquellos documentos fueron publicados en 2007.
En
ese mismo momento se supo que Helms le había ordenado al doctor Sidney
Gottlieb que destruyera los documentos vinculados a las investigaciones
que estaba realizando. El doctor Gottlieb dirigía el proyecto MK-ULTRA,
un programa investigativo de la CIA sobre modificación del
comportamiento, lavado de cerebro e inyección de drogas.
En un memo del agente de la CIA Ben Evans para el director de la CIA William Colby, fechado el 8 de mayo de 1973, Duckett expresaba su opinión: «Sería inoportuno que el señor Director se declara al tanto de ese programa», refiriéndose así a los experimentos que realizaba Gottlieb para el proyecto MK-ULTRA.
En un memo del agente de la CIA Ben Evans para el director de la CIA William Colby, fechado el 8 de mayo de 1973, Duckett expresaba su opinión: «Sería inoportuno que el señor Director se declara al tanto de ese programa», refiriéndose así a los experimentos que realizaba Gottlieb para el proyecto MK-ULTRA.
Después
de la publicación de las «joyas de familia», varios miembros de la
administración del presidente estadounidense Gerald Ford, entre ellos el
jefe de gabinete de la Casa Blanca Dick Cheney y el secretario de
Defensa Donald Rumsfeld, se aseguraron de que no se hiciera ninguna
revelación sobre los programas de modificaciones del comportamiento y
sicológicas, entre los que figuraban los proyectos MK-ULTRA y ARTICHOKE.
Varios
memos del 15 de mayo de 1972 mencionan el proyecto SCANATE, que comenzó
aquel mismo año. Se trata de uno de los primeros programas de
investigación de la CIA sobre la guerra sicológica, particularmente
sobre el uso de sustancias psicotrópicas con fines de vigilancia remota y
de manipulación sicológica. Se mencionan Kibler, del ARPA, y «su
subcontratado». Más tarde se sabría que se trataba del Stantford
Research Institute (SRI), situado en Menlo Park, California.
Helms
envió un memo a personajes como Duckett, Huizenga, Proctor y el
director de la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa
(Defence Intelligence Agency, DIA). Este último heredaría posteriormente
el proyecto de la CIA denominado «GRILL FLAME» sobre la vigilancia
remota. Helms insistía en el hecho que el ARPA venía apoyando «desde hace cierto número de años»
las investigaciones sobre el comportamiento y las potenciales
aplicaciones que pudieran ser útiles para la labor de inteligencia, «con
la participación del M.I.T., de Yale, de la Universidad de Michigan, de
la UCLA, de la Universidad de Hawai y de otras instituciones o grupos
de investigación».
La
colaboración de la Universidad de Hawai con la CIA en materia de guerra
sicológica aún prosigue hoy en día. La doctora Susan Brandon, actual
directora del programa de estudio del comportamiento del Centro de
Contraespionaje y de Inteligencia (Defence Counterintelligence and Human
Intelligence Center, DCHC) en el seno de la DIA, obtuvo su doctorado en
psicología en la Universidad de Hawai. Brandon parece haber estado
implicada en un programa secreto, resultado de la colaboración de la APA
(American Psychological Association), la RAND Corporation y la CIA,
programa destinado a «mejorar los procedimientos de interrogatorio».
El
objetivo de esas investigaciones tenía que ver con la privación de
sueño y la percepción sensorial, la aplicación de dolores intensos y de
completo aislamiento, métodos aplicados a los prisioneros de la base
aérea de Bagram, en Afganistán, y de otras prisiones secretas.
Brandon
fue también asistente del director del Departamento de Ciencias
Sociales, del Comportamiento y Educativas en el Buró de Ciencia y
Tecnología de la administración de George W. Bush.
O
sea, los vínculos entre la CIA y la Universidad de Hawai no
disminuyeron a fines de los años 1970; el ex presidente de la
Universidad de Hawai entre 1969 y 1974, Harlan Cleveland, fue invitado a
dar una conferencia en el cuartel general de la CIA, el 10 de mayo de
1977.
Antes
de asumir funciones en la Universidad de Hawai, Cleveland fue
secretario del Buró de Asuntos vinculados a las Organizaciones
Internacionales (Bureau of International Organization Affairs) de 1965 à
1969.
Un
memo del director de formación de la CIA, fechado el 21 de mayo de
1971, indica que la CIA reclutó a un oficial de la Marina que estaba
comenzando el segundo curso de estudios en la Universidad de Hawai.
La familia Obama y la CIA
Existen
muchísimos documentos sobre los vínculos de George H. W. Bush con la
CIA y sobre las actividades que su padre y sus hijos, como el ex
presidente George W. Bush, realizaron por cuenta de la CIA.
Por
su parte, Barack Obama logró disimular sus propios vínculos con la
agencia, al igual que los de sus padres, su padre adoptivo y su abuela
(muy poco se sabe sobre su abuelo, Stanley Dunham.
Se
supone que dirigió un comercio de muebles en Hawai después de servir en
Europa durante la Segunda Guerra Mundial). A diferencia de los demás
miembros del gobierno federal, los presidentes y vicepresidentes de los
Estados Unidos no son objeto de ninguna investigación sobre sus
antecedentes antes de entrar en funciones.
Ese
trabajo de verificación queda en manos de la prensa. En 2008, los
periodistas fallaron lastimosamente en cuanto a su deber de informar al
público cuando investigaron sólo muy superficialmente sobre el hombre
que iba a hacer entrada en la Casa Blanca. Los vínculos de sus padres
con la Universidad de Hawai y el papel de esa universidad en los
proyectos MK-ULTRA y ARTICHOKE plantean la siguiente interrogante: ¿Qué
esconde aún Barack Obama?
No hay comentarios:
Publicar un comentario