martes, 23 de septiembre de 2014

                                                                        Papers 75, 2005 35-61



Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas:
un modelo con resultados perversos de la crisis
de la minería de Cartagena-La Unión*
Francisco Linares Martínez
Universidad de La Laguna. Departamento de Sociología
flinares@ull.es




Resumen

Este artículo representa una aproximación al conflicto relativo a la continuidad de la acti-
vidad minera en la comarca de Cartagena-La Unión, que impulsó, en 1988, a la Sociedad
Minera y Metalúrgica de Peñarroya a abandonar el distrito minero después de varias déca-
das de actividad. En primer lugar, brevemente, se da cuenta de las vicisitudes de la activi-
dad minera a lo largo de la década de 1980, para llegar a estudiar los sucesos críticos del
año 1988. En el análisis de estos acontecimientos se emplea una aproximación propia de
la teoría de juegos para mostrar cómo fracasaron las negociaciones entre las partes implicadas
y cómo del sistema de interacción emergieron consecuencias inintencionadas de signo per-
verso para algunas de ellas.
Palabras clave: acción colectiva, consecuencias inintencionadas, negociación, juegos de
dos niveles, teoría de juegos.

Abstract. Games of strategy and unintended consequences: a model with perverse outcomes of
the mining sector’s crisis in Cartagena-La Unión

This paper represents an approximation to the conflict concerning the continuity of mining
activity in the area of Cartagena-La Unión, which, in 1988, prompted Sociedad Minera
y Metalúrgica de Peñarroya to leave this mine-district after several decades of activity. First
of all it briefly accounts for the vicissitudes of mining activity throughout the eighties,
coming to the study of the events happened in 1988. In the analysis of these events a game
theoretic approach is used, in order to show how the bargaining among the parts broke
down and how unintended and perverse outcomes for some of the parts emerged from
the system of interaction.
Key words: collective action, unintended consequence, bargaining, two level games, game
theory.




*   Agradezco a los revisores anónimos de PAPERS sus aportaciones críticas a la última versión
    de este trabajo. También deseo mostrar mi agradecimiento a todas las personas que en su
    momento me brindaron su ayuda y su ánimo en el desarrollo de esta investigación.
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                                         Sumario
                              Introducción    Algunas características resaltables
         Dificultades en los años ochenta     del proceso de interacción
El proyecto de Los Blancos III. Conflicto     Postescripto para curiosos: ¿cómo finalizó
  en torno a la continuidad de la minería     la crisis de la minería de la comarca
                                              de Cartagena-La Unión?
        Juegos de estrategia en la comarca
                  de Cartagena-La Unión       Bibliografía
                El desenlace del conflicto:
      la venta de los activos de Peñarroya



Introducción
La minería ha acompañado a las gentes de la comarca de Cartagena desde que
sus primeros pobladores se asentaran en la misma. Sin embargo, esta activi-
dad sólo ha constituido un foco de desarrollo económico en breves periodos
de su historia claramente acotados: durante la dominación romana, en la época
republicana, principalmente entre la segunda mitad del siglo II aC y la prime-
ra mitad del siglo I aC (Martín Camino, 1996: 86); entre 1840 y 1930, perio-
do en el que la minería cartagenera conoció su máximo esplendor, y entre 1953
y 1991, periodo en el que la actividad cobró un nuevo auge merced a las nue-
vas técnicas de lavado del mineral por flotación diferencial y de explotación a
cielo abierto1.
    La protagonista indiscutible de esa última época es la multinacional de
capital francés Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya-España (en ade-
lante, Peñarroya), cuya producción, tras diversas dificultades, se inició en 1957,
una vez desmontada la mina Emilia, y creció desde entonces de manera inin-
terrumpida hasta 1981. La estrategia de explotación de Peñarroya implicaba
no sólo una inversión considerable en la constante ampliación y reconversión
de sus medios de producción, sino también una incesante labor investigadora
del potencial minero de la Sierra de Cartagena. De esta manera, a la altura de
1983, la sociedad minera explotaba simultáneamente seis cortas (pues a Emilia
sucedieron, paulatinamente, Gloria, San Valentín, Los Blancos, San José y
Tomasa); tenía en nómina a 555 empleados; era la primera productora de
plomo en España y la tercera productora de zinc, aportando el 36,1% y el
17,4%, respectivamente, del total nacional de estos metales (Gea Javaloy, 1986a:
274; 1986b: 324). Así mismo, se hallaba en estrecha relación con el tejido
industrial cartagenero de entonces, pues suministraba inputs a tres de sus indus-
trias: el 40% del plomo consumido por la fundición Santa Lucia (propiedad de
la misma empresa), el 60% del zinc consumido por la factoría de Zincasa, pos-


1. El conocimiento de la minería en la sierra de Cartagena-La Unión se debe fundamental-
   mente a las obras de los historiadores J.B. Vilar y P.M. Egea Bruno (1985, 1990).
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teriormente reconvertida en Española del Zinc, y el 80% de la pirita de hierro
consumida por Explosivos Río Tinto, posteriormente FESA (Gallego Rodríguez
y Monllor Domínguez, 1993: 166-167). Sin embargo, este espectacular pano-
rama se quebraría a lo largo de la década de 1980 (especialmente en la segun-
da mitad de la misma), teniendo lugar, a la altura de 1988, el abandono de la
sierra minera por la compañía que le había dado un nuevo esplendor durante
treinta años.
    En el presente artículo se pretende dar cuenta de un conjunto de aconte-
cimientos (fechados entre septiembre de 1987 y septiembre de 1988) que, cabe
concebir, contribuyeron a este desenlace. Se huye de una aproximación estruc-
turalmente determinista, en el sentido de que, si bien es un hecho cierto que
la empresa minera pasaba por importantes dificultades en aquellos años (debi-
do, entre otras razones, a la evolución a la baja del valor del mineral en los
mercados internacionales), nuestra hipótesis es que el desenlace de los hechos
se vio condicionado (en magnitud que presumimos importante, pero que, en
cualquier caso, es imposible medir) por la compleja interacción entre los diver-
sos agentes implicados en los acontecimientos: las élites políticas, los poten-
ciales afectados (mineros y vecinos de Llano del Beal2) y la dirección de la
empresa. Para dar cuenta de estos acontecimientos, en primer lugar, se expo-
nen el cúmulo de circunstancias que daban a la minería cartagenera una con-
dición de fragilidad. En segundo lugar, se analizan detalladamente los proce-
sos de interacción estratégica entre las partes; este análisis se sostiene en la
construcción e inspección de las características matrices de la teoría de juegos.
En tercer lugar, se extraen las propiedades del sistema de interacción propues-
to, prestando especial atención a la aparición de consecuencias inintenciona-
das. Finalmente, se plantea sucintamente la posibilidad de generalización del
análisis para el estudio de otros casos empíricos.

Dificultades en los años ochenta
Como es conocido, la primera mitad de la década de 1980 fueron años de
especial dificultad para la industria española, habida cuenta de que el gobier-
no central no podía demorar por más tiempo las medidas de reconversión que
exigía el atajo de la crisis que sacudió a la economía mundial en la década de
los setenta, y cuyos costes, en España, dada la delicada coyuntura política del
momento, se había optado por no trasladar a los ciudadanos (Segura y otros,
1989). El estudio más detallado del comportamiento de este sector en la Región
de Murcia durante los años de crisis es el de Fernández Valbuena (1989), que,
empleando datos de los años 1978 a 1985, analiza la evolución de lo que él
denomina «industria endógena» (transformación de productos agrarios, fabri-
cación textil y de muebles), «industria exógena» (energía, industrias químicas
y construcción naval), así como de un tercer subsector (que representa apro-


2. Ver más abajo.
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ximadamente un 25% del VAB y del empleo industrial) constituido princi-
palmente por la minería, a su vez dominado hegemónicamente por Peñarroya.
De los tres subsectores, aquél que manifiesta una peor evolución es precisa-
mente el último, cuyo comportamiento es calificado por Fernández Valbuena
como recesión destructora regresiva: «Lo que parece irreversible es el hundi-
miento del resto de la industria, dominado absolutamente por los sectores
mineros, que […] han experimentado reducciones tanto en el VAB como en
el empleo y la productividad en el conjunto del periodo» (1989: 261).
    En cuanto a la situación particular de Peñarroya, atendiendo a los datos
de Gea Javaloy (1986a: 274, 1986b: 324), ésta permanecía en 1985 a la cabe-
za de los productores españoles de plomo, pero mientras que sus dos inme-
diatos competidores, Apirsa y Compañía de La Cruz, habían incrementado,
entre 1983 y 1985, su participación en la producción nacional en 5,8 y 4,7
puntos porcentuales respectivamente, aquélla la había disminuido en 3,7 pun-
tos. Respecto al sector del zinc, para el mismo periodo, Peñarroya es despla-
zada del tercer lugar por Apirsa, que incrementó su participación en la pro-
ducción nacional en 5,5 puntos, mientras aquélla, ahondando la tendencia
recesora de las otras grandes empresas (Asturiana del Zinc y Exminesa), dis-
minuía su participación en 4,5 puntos. En el contexto de la Comunidad
Autónoma de Murcia, las cifras no son mejores para la multinacional: su con-
tribución a la producción minera regional pasa de representar el 73,8% en
1983 al 50,3% en 19883.
    Para entender completamente la situación de la empresa en el año 1987,
es preciso, además, prestar atención a algunos elementos determinantes o con-
dicionantes (según el caso) de su actividad. Éstos son la «riqueza» de sus yaci-
mientos, la evolución del valor de los metales, el grado de agotamiento de las
explotaciones, la «cuestión ecológica» y la situación interna de la multinacio-
nal.

Riqueza de los yacimientos
Una de las características de los yacimientos de la Sierra de Cartagena es la
baja ley4 de sus minerales, lo que permitía calificar a las explotaciones mineras
en la misma como económicamente arriesgadas en ausencia de importantes
inversiones en capital fijo. Así, Peñarroya explotaba yacimientos cuyo contenido
en plomo fluctuaba alrededor del 1% del mineral. Como elemento de com-
paración, nótese que las leyes de los minerales explotados por sus más direc-
tos competidores españoles eran superiores: 1,7% en las minas de Aprisa y
1,5% en las de Exminesa (Gea Javaloy, 1986a). Las leyes del mineral de zinc,
si bien algo superiores, eran igualmente bajas, pues fluctuaban alrededor del
1,5%.

3. Según datos de los anuarios estadísticos de la Región de Murcia.
4. La ley es la proporción de metal (por ejemplo, plomo) contenido en el mineral (en este
   caso, galena). Normalmente se expresa en tanto por ciento.
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Cotizaciones de los metales en la Bolsa de Londres
El valor de las producciones mineras depende de las cotizaciones de los meta-
les en el mercado internacional. El precio del plomo venía entonces dado por
una fórmula aplicada al valor que obtenía este metal en la Bolsa de Metales de
Londres (London Metal Exchange), y el precio del zinc se obtenía a partir del
Precio Productor Europeo, a su vez fuertemente influenciado por la cotización
londinense (Gea Javaloy, 1986a: 277-279, 1986b: 327-329). Sin embargo, la
evolución de estos mercados durante los años ochenta no fue especialmente
favorable para el negocio minero. A la altura de 1986, escribía Gea Javaloy:
«con los actuales niveles de precios, sólo resultaría económicamente viable la
mitad de la producción de plomo occidental» (1986b: 330). Por aquel enton-
ces, el precio del zinc era de 690 libras por tonelada métrica y el del plomo,
de 258; nótese que la media de las cotizaciones de zinc y plomo durante la
década de los setenta fueron de 773 y 583 libras de 1983 por tonelada, res-
pectivamente.

Cuestión ecológica
Uno de los problemas de los intensivos métodos de explotación empleados
por Peñarroya era la generación de un creciente volumen de estériles5.
Rápidamente, el viejo sistema de verter el material estéril a las ramblas o de
amontonarlo en «pantanos» quedaría obsoleto y, buscando una solución más
satisfactoria, Peñarroya, avalada por un estudio de corrientes marinas, obtuvo
de la Administración central en 1959 la autorización para verter sus estériles al
mar en un punto que finalmente fue fijado en 250 metros de Punta de la
Galera, extremo occidental de la bahía de Portmán (Vilar y Egea Bruno, 1990:
223). El mar no arrastró, tal y como estaba previsto, dichos estériles fuera de
la bahía, sino que éstos se fueron sedimentando en su interior, lo que generó
un problema ecológico de dimensiones aún no perfectamente evaluadas. El
despertar de una importante sensibilización hacia las cuestiones ecológicas
durante los años setenta y ochenta condujo a la Administración a presionar a
la empresa minera para finalizar los vertidos al mar. El problema, sin embargo,
no era fácil de resolver, pues exigía una inversión multimillonaria para la cons-
trucción de un nuevo lavadero. Esta inversión fue finalmente realizada por la
sucesora de Peñarroya, Portmán Golf, en el año 1990.

Agotamiento de los yacimientos
La progresiva extinción de los recursos de las diversas cortas en explotación
propició un estancamiento y posterior caída de la producción. La explota-

5. La actividad minera a cielo abierto produce dos tipos de estériles: el escombro fruto del
   desmonte y el material sobrante una vez lavado el mineral. Nos referimos aquí a este últi-
   mo tipo.
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Tabla 1. Reservas de mineral conocidas (toneladas).
                                    Explotables                 No explotables
Emilia                                   —                        700.000
Tomasa                                 330.000                    400.000
San Valentín                           300.000                       —
Brunita                                780.000                       —
Los Blancos III                     17.700.000                  7.960.000
TOTAL                               19.110.000                  9.060.000
Fuente: Peñarroya-España (1987b).


ción de la cantera Emilia finalizó en 1982; la de Los Blancos (I y II), en 1985,
y la de Gloria se hallaba prácticamente finalizada en 1987. Así, en julio de
1987 las reservas explotables en las canteras históricas se cifraban en 1,4 millo-
nes de toneladas, es decir, poco más de seis meses de laboreo manteniendo el
ritmo de explotación de 2,4 millones de toneladas al año. Las reservas com-
probadas a finales de 1987 se hallan en la tabla 1. Como es fácil comprender,
la continuidad de la actividad dependía directamente de la explotación de un
nuevo yacimiento proyectado con el nombre de Los Blancos III.

Reestructuración de la empresa
Un factor cuya influencia, según varios indicios, no debe despreciarse pero del
que, al mismo tiempo, se dispone de escasa información, es la fusión de la
Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya con la sociedad suizo-germana
Preussag, para constituir el grupo multinacional Metaleurop, cuyos intereses se
centraban en el negocio de fundición del metal. A raíz de esta fusión, consu-
mada en abril de 1988, es muy posible que la dirección de París de Peñarroya per-
diera interés por su rama de extracción minera, y la lucha mantenida por el cua-
dro directivo español para mantener las explotaciones de la Sierra de Cartagena
finalmente no fuera un obstáculo para que éstas se pusieran a la venta.

El proyecto de Los Blancos III. Conflicto en torno a la continuidad
de la minería
La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya no se resignó ante el agota-
miento de las reservas de sus canteras, de manera que en 1987 elaboró un pro-
yecto para la explotación de una nueva corta, llamada Los Blancos III, que,
cubriendo la cantera Sultana (en producción desde 1984), se extendía hasta el
linde sureste de la pedanía cartagenera Llano del Beal, sita en la falda noreste
de la sierra minera. Este proyecto contemplaba la explotación de 23,65 millo-
nes de toneladas de mineral (de las cuales 15,85 contenían un 0,81% de plomo
y un 2,37% de zinc, y las restantes 7,8 contenían un 0,41% de plomo y un
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1,37% de zinc), lo que reportaría a la empresa unos beneficios netos cuya esti-
mación oscilaba entre 2.500 y 8.600 millones de pesetas, dependiendo de la
evolución de distintos parámetros económicos, en diez años6.
    Dado que las labores mineras habrían de desarrollarse en un continuo acer-
camiento hacia Llano del Beal, la dirección de Peñarroya planeó7 una entre-
vista con los vecinos de esta pedanía para exponerles sus planes y negociar
algún tipo de compensación por los posibles perjuicios. Atendiendo al relato8
de uno de los vecinos que asistieron a dicha reunión:

         Nos llamó Peñarroya para enseñarnos los proyectos que tenía […] Nos ense-
         ñaron una maqueta verde que era preciosa en la que se veía el pueblo y enton-
         ces, bueno, pues allí se veían unas rayas y en un determinado momento de la
         entrevista tiran de la maqueta, levantan una parte de la maqueta y se llevan
         medio pueblo. Y dicen: «bueno y esto nos vamos a llevar una parte del pue-
         blo y dentro de unos años pues quedará, dentro de veinte años o diez años,
         quedará aquí, arriba, pues lo rellenaremos de tierra y quedará un parque cojo-
         nudo». Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? O sea nos quedamos paralizados
         ante aquello. O sea era la desaparición del pueblo y la frase que dijeron fue:
         «bueno, la casa que tiremos, casa que pagamos». Nada más.

    A los ojos de la dirección técnica de Peñarroya, los acontecimientos se desa-
rrollaron de forma matizadamente distinta:
         El proyecto contemplaba acercarse a los cuarenta metros famosos que decía la
         Ley de Minas9 […]. Y ese proyecto llevaba una restauración en la zona tal [en
         las inmediaciones del pueblo], que instalaba un polideportivo…, bueno, un
         polideportivo, unas pistas deportivas, tal, una vez terminado, ¿no? Pero luego
         viene una segunda parte que dicen: «aunque realmente si se pudiera desarro-
         llar el proyecto en su totalidad con las reservas que hay proyectadas, se llevaría
         esto». Entonces, la maqueta contemplaba destapar una parte que se iba más
         o menos al bar del Chupa […]. O sea se llevaba un pellizco no muy grande, pero
         unas cuantas casas del pueblo. Entonces, eso, desgraciadamente de esa reu-
         nión lo que quedó fue el espíritu de que: «joder, han llegado allí, han hecho
         así y se han llevado las casas».

    Sea como fuere, este proyecto desencadenó una fuerte contestación de los
vecinos de Llano del Beal, quienes creían peligrar su identidad como pueblo
si los planes de la sociedad minera se llevaban a efecto. Dicha contestación


6. Todos los datos se han extraído de Peñarroya-España, Proyecto de la corta Los Blancos III.
7. Nos referimos en este apartado a la dirección local de la empresa. Las diferencias entre los
   distintos niveles de dirección de la multinacional se abordan sucintamente al inicio del pró-
   ximo apartado.
8. Cuando no se cite otra fuente, los fragmentos intercalados en el texto son extractos de entre-
   vistas personales.
9. La Ley de Minas establecía que la distancia mínima entre una población y una explotación
   minera debía de ser de cuarenta metros.
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adoptó múltiples formas, desde las manifestaciones ante las correspondientes
sedes institucionales hasta el bloqueo de la producción de la empresa concen-
trando personas en las pistas por las que debía de circular la maquinaria mine-
ra; acciones que tuvieron su eco en las administraciones local y regional, que se
enfrentaban al difícil problema de reconciliar las demandas de los vecinos con
los planes de una empresa que constituía uno de los pilares económicos de la
comarca. El conflicto desatado apareció ante la opinión pública, a través de
los diversos medios de comunicación, como sucesivas avalanchas de moviliza-
ciones protagonizadas alternativamente por dos colectivos: los mineros de
Peñarroya (que veían peligrar sus puestos de trabajo) y los vecinos de Llano
del Beal. Paralelamente a éstas, tuvieron lugar una serie de reuniones bilatera-
les o multilaterales entre dichos colectivos y la Administración; reuniones cuyos
acuerdos, a su vez, se convertían en la justificación de nuevas movilizaciones
por parte del colectivo menos favorecido en cada caso.
    La máxima tensión se alcanzó en los meses de enero y febrero de 1988, en
los que vecinos y mineros protagonizaron sendos encierros exigiendo en cada
caso a la Administración una actuación más favorable a sus intereses. En qué
medida los acontecimientos de estos meses influyeron, o precipitaron, la deci-
sión de la multinacional de vender sus activos mineros, no puede conocerse.
De lo que sí existe evidencia es de que la empresa, como se ha mostrado, pro-
yectó la explotación de los yacimientos con anterioridad a tales acontecimientos
y manifestó su decisión de vender poco después de los mismos. De cualquier
manera, el conflicto jamás fue resuelto, sino que se trasladó en septiembre de
1988 a la nueva propietaria de los activos mineros, la sociedad de origen autóc-
tono Portmán Golf. Los sucesos de aquellos meses críticos (cuya cronología se
expone en la tabla 2) pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
1. Los vecinos inician (18 de enero) turnos de vigilancia de día y de noche,
   para evitar la posible realización de sondeos de prospección geológica reque-
   ridos por la Administración a la empresa para conocer el impacto de la
   explotación minera en el entorno del pueblo. Esta vigilancia se institucio-
   nalizará en un improvisado centro de reunión, bautizado como «la Cabaña»,
   y se perpetúa hasta el año 1991.
2. Los representantes de las distintas administraciones se reúnen (8 de febre-
   ro) y acuerdan no aprobar el proyecto general de la cantera Los Blancos III,
   pero muestran la voluntad de aprobar el plan de labores10 de la sociedad
   minera para 1988 (que fijaba la línea de explotación a setecientos cincuenta
   metros del pueblo), condicionando su aprobación a los resultados de los
   pertinentes estudios técnicos.
3. Los mineros se encierran (17 de febrero) en la mina de San Rafael para exi-
   gir de la Administración una postura más explícita sobre el futuro de la
   minería en la región.

10. A las empresas mineras se les requiere la aprobación anual del correspondiente «plan de
    labores» para desarrollar su actividad.
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Tabla 2. Cronología de los acontecimientos de enero y febrero de 1988.
Fecha        Vecinos                       Administración                 Mineros              Peñarroya
18 enero     Inicio de los turnos                                                              Suspensión
              de vigilancia para                                                                temporal de
              impedir la realización                                                            los sondeos.
              de los sondeos.
22 enero                     Reunión de las partes a iniciativa del alcalde de Cartagena.
30 enero                                                                  Manifestación en
                                                                            La Unión.
4 febrero    Bloqueo de la carretera       Reunión de las
              de acceso al lugar            administraciones
              donde se realizarían          locales y regional.
              los sondeos.
8 febrero    Reunión de las partes para consensuar los acuerdos adoptados el día anterior:
             — «No» (temporal) al proyecto de explotación Los Blancos III.
             — «Sí» al plan de labores de 1988, que sitúa la línea de explotación a 750 metros
                   de El Llano.
             — Sometimiento de la explotación a los controles técnicos y legales oportunos.
17 febrero                                                                Encierro de trece
                                                                            mineros en la
                                                                            mina de San Rafael.
18 febrero                                 Reunión en la que la Administración reitera su voluntad
                                            de que continúe la minería.
19 febrero                                 Reunión en la que la Administración hace constar su voluntad
                                            de aprobar el proyecto de Los Blancos III, aceptando una
                                            distancia mínima desde El Llano de 175 metros.
20 febrero                                                                Fin del encierro.
22 febrero   Encierro en el Ayuntamiento
              de Cartagena.
23 febrero                                 Reunión entre el alcalde
                                            de Cartagena y la
                                            Administración Regional.
24 febrero   Reunión en la que las partes reafirman su acuerdo en:
             — Aprobar del plan de labores de 1988.
             — Someter la explotación a los controles técnicos
                   y legales pertinentes.
             Fin del encierro.
Fuente: noticias del diario La Verdad.
 44   Papers 75, 2005                                                      Francisco Linares Martínez


4. Los representantes del Gobierno regional se reúnen (19 de febrero) con la
   dirección local de Peñarroya y le muestran su voluntad de aprobar el pro-
   yecto de Los Blancos III, tras conocer los resultados de los pertinentes estu-
   dios, y aceptan, en su caso, la distancia de 175 metros al linde sur del pue-
   blo como la mínima técnicamente necesaria para garantizar la rentabilidad
   de la explotación.
5. Los vecinos de Llano del Beal se encierran (22 de febrero) en el ayunta-
   miento de Cartagena y posteriormente transmiten al alcalde de la ciudad su
   intención de no aceptar los nuevos acuerdos entre la Administración y la
   empresa minera.
6. Los representantes del gobierno regional se reúnen (24 de febrero) con los
   representantes de los vecinos y se reafirman en los acuerdos a los que éstos
   se remitían (a saber, los alcanzados en la reunión del día ocho de febrero):
   aprobar el plan de labores de 1988, sometido a todos los controles técnicos
   y legales necesarios para garantizar el bienestar del colectivo afectado.

Juegos de estrategia en la comarca de Cartagena-La Unión
En esta sección se examina la interacción entre tres de los actores principales de
los acontecimientos: los trabajadores de Peñarroya, los vecinos de Llano del
Beal y el Gobierno regional. Como se verá, resulta evidente que existía una
interacción estratégica entre estos actores. No resulta evidente, sin embargo
que dicha relación estratégica existiera entre aquéllos y Peñarroya. En el caso de
la multinacional, parece existir una disociación entre los intereses de los órga-
nos directivos locales y nacionales (que atendieron diversas mesas negociado-
ras con la intención de superar las dificultades y continuar con la actividad) y
el más alto nivel de dirección (París), principalmente preocupado por la polí-
tica internacional de la empresa11. Más concretamente, cabe presuponer que,
para la dirección de París, la cuestión de la actividad minera en Cartagena-La
Unión se planteaba en términos de racionalidad paramétrica: con indepen-
dencia de los intereses de la dirección local, la decisión de continuar o no se
condicionaba a la evolución de circunstancias consideradas externas. Por tanto,
no se incluye a la empresa como un actor relevante en el análisis de la diná-
mica del conflicto en términos estratégicos12.
    La metodología empleada para analizar este proceso es la construcción y
el escrutinio de las matrices características de la teoría de juegos. Esta aproxi-
mación implica asumir que los actores (o jugadores) son racionales, que saben
que interactúan con otro actor racional, y que conocen sus preferencias y las pre-


11. Política a la que se ha hecho referencia anteriormente, en el subepígrafe titulado
    «Reestructuración de la empresa».
12. Por lo demás, la aportación de la dirección local a la solución del conflicto es la exigencia de
    continuar la explotación hasta la distancia de 175 metros del linde del pueblo, como única
    vía de mantener los puestos de trabajo, y el compromiso de adoptar las medidas que fueran
    necesarias en el desarrollo de su actividad para causar el menor daño posible a los vecinos.
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                            Papers 75, 2005   45


ferencias del actor con el que están interactuando13. El análisis se fundamen-
ta en el concepto de equilibrio de Nash. Este equilibrio es el resultado que se
alcanza como fruto de un proceso de mutua anticipación de las acciones que
serán elegidas por cada jugador. Dicho proceso termina con la elección por
cada jugador de su mejor respuesta a la acción (anticipada) del otro. Si se cum-
plen las premisas establecidas, las elecciones realizadas deben de confirmar las
expectativas de los jugadores. Dado que el equilibrio es un conjunto de estra-
tegias tal que ningún jugador puede obtener un resultado mejor cambiando
unilateralmente su opción (puesto que su opción fue la mejor respuesta a la
estrategia del otro jugador), se trata, por tanto, de un resultado estable.

Interacción entre vecinos y mineros
En la matriz 1 se presenta la interacción entre vecinos y mineros. En ella se
representan las opciones de cada colectivo, que tiene que elegir entre movilizarse
o permanecer pasivo. Cada combinación de acciones produce un resultado
distinto, y cada resultado se ordena de mayor a menor, de manera que se asig-
na el valor arbitrario14 de 4 a la opción más preferida; el de 3, a la segunda
más preferida; el de 2, a la tercera más preferida, y el de 1, a la menos preferi-
da. El número anterior a las comas representa siempre la preferencia del juga-
dor de las filas (en este caso, los trabajadores) y el posterior, la preferencia del
jugador de las columnas (en este caso, los vecinos).
    Recuérdese que las primeras protestas de los vecinos contra el acercamien-
to de la cantera Los Blancos III a su pueblo provocaron que los mineros acu-
diesen a los foros en los que se discutía la continuidad de la explotación mine-
ra y, posteriormente, emprendieran acciones más tenaces en defensa de sus


Matriz 1. Juego trabajadores-vecinos.
                                                                      Vecinos
                                                       Movilización              Pasividad
 Trabajadores            Movilización                     2,2                      4,1
                         Pasividad                        1,4                       3, 3



13. La construcción de este tipo de matrices no exige una medición cuantitativa del beneficio
    obtenido en cada caso por cada actor, sino tan solo especificar una serie de hipótesis sobre
    las preferencias ordinales (los ordenamientos de preferencias) de cada actor para cada posi-
    ble resultado. Las hipótesis que en adelante se establecen se sostienen en la evidencia empí-
    rica fruto de entrevistas en profundidad y otras fuentes de documentación. Por otra parte,
    como argumenta Becker (1976), un requisito imprescindible (para evitar un razonamien-
    to tautológico) es asumir que estas preferencias son fijas.
14. El valor numérico concreto asignado a cada resultado es irrelevante. Lo importante es el
    orden establecido entre los resultados.
 46   Papers 75, 2005                                             Francisco Linares Martínez


puestos de trabajo; por otra parte, las propias movilizaciones de los mineros
dieron lugar a nuevas protestas de los vecinos. Parece, por tanto, que los inte-
reses de cada actor y las expectativas sobre el comportamiento del otro pudie-
ron ser el mecanismo que diera lugar a una dinámica conducente a una espi-
ral de movilizaciones.
    En los términos del entonces presidente del comité de empresa de Peñarroya-
España:
         En este cúmulo de intereses, nosotros teníamos uno primordial, que era la
         defensa de los puestos de trabajo y ahí nos encontrábamos con que, por una
         parte, teníamos que enfrentarnos a lo que es un pueblo, como era el pueblo
         de El Llano, y teníamos que algunas veces hacer algo que [a] la empresa le con-
         venía. Eran intereses creados. El interés de los trabajadores lógicamente, era
         el interés del mantenimiento de puestos de trabajo. El interés de la empresa
         era otro. Pero algunas veces convergían o se unían los dos intereses y eso era
         criticado por cierto sector de la sociedad, y principalmente del pueblo de El
         Llano, porque se criticaba a los representantes de los trabajadores, […] por-
         que no entendían que defendiéramos algo que iba en contra de sus intereses,
         pero nuestro propio interés sí que por lo menos prevalecía.

     Y atendiendo al vicepresidente de la asociación de vecinos:

         Siempre en el pueblo había…, ha habido siempre, es un pueblo trabajador,
         por supuesto, ha habido un respeto al trabajo. Lo que ocurre es que cuando
         perjudica seriamente los intereses personales de una persona pues entonces ahí
         hay otros principios de libertad o de derechos que están por encima de ese
         derecho [al trabajo] ¿no? Entonces en ese momento la asociación de vecinos
         o el conjunto del pueblo no estaba en contra de los puestos de trabajo pero sí
         estaba en contra de que abrieran esa cantera en las inmediaciones del pueblo,
         con las consecuencias que después determinaron, pero, vamos, que la postura
         nuestra era el oponernos a la cantera en las cercanías del pueblo.

   Entendemos que no violentamos esta evidencia si asumimos que cada juga-
dor prefiere:

— En primer lugar, ser el único en movilizarse, pues las movilizaciones de los
  vecinos son contraproducentes para los intereses de los mineros, y vice-
  versa.
— En último lugar, ser el único en no movilizarse, pues entonces el otro juga-
  dor sería el único en negociar con la Administración.

    Las hipótesis sobre los otros dos posibles resultados son irrelevantes para
el resultado del análisis. Por conveniencia para la exposición asumimos, no
obstante, que en segundo lugar ambos prefieren que nadie se movilice y, por
tanto, en tercer lugar ambos prefieren que los dos se movilicen.
    Con estas hipótesis, la estructura de la interacción entre vecinos y mine-
ros es la del juego conocido como Dilema del Prisionero. Como es sabido, en
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                         Papers 75, 2005   47


este juego la conjunción de decisiones individualmente racionales produce un
efecto socialmente ineficiente. Cada jugador tiene una estrategia estrictamente
dominante (esto es, una estrategia que siempre es la mejor haga lo que haga el
contrincante)15, a saber, «movilización». Para comprobarlo, nótese que tanto en
el caso de que los vecinos escogieran «movilización» como en el de que esco-
gieran «pasividad», los trabajadores preferirían escoger «movilización» a «pasi-
vidad», puesto que en el primer caso se verifica que 2 > 1, y en el segundo se
verifica que 4 > 3. Un razonamiento análogo explica la elección de los veci-
nos. De esta manera, el equilibrio de este juego (señalado con un asterisco) es
que ambos colectivos se movilizan16.

Interacción entre el Gobierno regional y los mineros
En el juego representado en la matriz 2, los mineros pueden elegir, como en
el caso anterior, entre «movilización» y «pasividad», mientras que el Gobierno
regional elige entre no comprometerse a satisfacer las demandas de los trabajado-
res (opción que, por conveniencia de la exposición, se etiqueta como «veci-
nos») y comprometerse a satisfacer las demandas de los trabajadores (opción que,
por conveniencia de la exposición, se etiqueta como «trabajadores»)17.
    Los intereses de los trabajadores en esta interacción pueden apreciarse, cla-
ramente, en la siguiente exposición del entonces secretario regional de mine-
ría de la UGT:
         Nosotros lo que estábamos haciendo presión es para mantener la actividad
         minera […]. No hacíamos ni siquiera mención de los vecinos, nunca. Ahora
         bien, nosotros cuando la Administración nos decía: «hombre, es que los veci-



Matriz 2. Juego gobierno regional-trabajadores.
                                                                  Trabajadores
                                                       Movilización          Pasividad
 Gobierno regional              Vecinos                   1,2                  3,1
                                Trabajadores               2,3                      4,4




15. Para una definición más rigurosa, consúltese cualquier manual de teoría de juegos; por
    ejemplo, Gibbons (1993).
16. Alterando las relaciones de orden sobre la segunda y la tercera preferencias, no se cambia-
    ría la conclusión de que movilización es una estrategia dominante, pero sí la de que el resul-
    tado de este juego es subóptimo. Ello, no obstante, es secundario para el análisis conjunto
    de todas las interacciones, como se verá más adelante.
17. Dicha conveniencia, por lo demás, refleja el carácter de «suma cero» que, a los ojos del
    espectador y probablemente de algunos protagonistas, parecía mostrar el conflicto.
 48   Papers 75, 2005                                              Francisco Linares Martínez


         nos dicen que se les caen no sé qué, que se le cae…», mire usted, vamos a reu-
         nirnos, a ver si es verdad, vamos a buscar soluciones, y yo entiendo que si noso-
         tros, desde el principio, los vecinos demuestran que se sienten tal, pues ten-
         dremos que reconocer nosotros mismos que no podemos continuar, pero si
         eso no es así, nosotros lo que exigimos a ustedes es que le hagan ver a los veci-
         nos que hay que continuar, porque de ahí está la supervivencia de más de mil
         quinientas personas.

    Por otra parte, las preferencias del Gobierno regional se desprenden de las
palabras del entonces presidente de la Región de Murcia:

         Allí estábamos todos a favor de resolver el problema. Y estábamos en un dile-
         ma, evidentemente. Porque, por un lado, […] estaban los trabajadores, la
         empresa con su… Yo ya me hago abstracción de la…, como muchas veces
         hacíamos abstracción, de la legalidad que amparaba a la empresa. A nosotros
         nos preocupaban los quinientos trabajadores. ¿Sabe el potencial explosivo que
         suponía la liquidación de quinientos trabajadores en una zona ya deprimida
         [como La Unión]? Entonces esto nos angustiaba, por un lado. Por otro lado,
         también nos angustiaba el tinglado que tenían montado los del Llano del Beal,
         con su caseta aquella… «la cabaña».

     En concreto, asumiremos que el Gobierno regional prefiere:
— En primer lugar, comprometerse a satisfacer las demandas de los trabaja-
  dores y que éstos no se movilicen.
— En último lugar, no comprometerse a satisfacer las demandas de los tra-
  bajadores y que éstos se movilicen.
   Las hipótesis sobre las dos opciones intermedias, como en el caso anterior,
son irrelevantes para el resultado final del análisis, aunque asumiremos que
prefiere la opción en la que los trabajadores no se movilizan (y no existe com-
promiso) antes que la opción en la que sí se movilizan.
   Respecto a los trabajadores, asumimos que prefieren:
— En primer lugar, que el Gobierno regional se comprometa a satisfacer sus
  demandas y no (tener que) movilizarse.
— En último lugar, que el Gobierno regional no se comprometa a satisfacer sus
  demandas y permanecer pasivos.
   En este caso, las opciones segunda y tercera sí son relevantes para el resul-
tado del análisis; no obstante, las preferencias son obvias:
— En segundo lugar, que el gobierno regional se comprometa a satisfacer sus
  demandas y movilizarse.
— En tercer lugar, que el gobierno regional no se comprometa a satisfacer sus
  demandas y movilizarse.
    Así, las preferencias del gobierno regional muestran un mayor interés por
satisfacer la exigencia de garantizar los puestos de trabajo que por las reivin-
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                            Papers 75, 2005    49


dicaciones de los vecinos. De esta forma, «trabajadores» es la estrategia domi-
nante del Gobierno regional en este juego. En el caso de los mineros, no exis-
te una estrategia dominante, sino que éstos prefieren «movilización» en el caso
de que aquél elija «vecinos» (puesto que 2 > 1), y «pasividad» en el caso de que
elija «trabajadores» (puesto que 4 > 3). En consecuencia, el juego tiene un
único equilibrio en el que el Gobierno regional elige comprometerse a satis-
facer las demandas de los trabajadores y éstos eligen no movilizarse, con lo que
ambos jugadores obtienen el mejor resultado posible18.

Interacción entre el Gobierno regional y los vecinos
En el juego representado en la matriz 3 los vecinos tienen la oportunidad de
escoger entre «movilización» y «pasividad». El Gobierno regional en esta oca-
sión debe de escoger entre comprometerse a satisfacer las demandas de los vecinos
(que, por conveniencia, etiquetamos «vecinos») o no comprometerse a satisfa-
cer las demandas de los vecinos (que, por conveniencia, etiquetamos «trabaja-
dores»)19.
    La situación se plantea desde el punto de vista del Gobierno regional, aten-
diendo a las palabras de su presidente, del siguiente modo:
         [Era] una posición muy incómoda la de la Administración. Y al final ¿qué es
         lo que busca la Administración? El diálogo. Vamos a tratar de llegar a un acuer-
         do de que la empresa pueda trabajar, de que se le exija a la empresa determinadas


Matriz 3. Juego gobierno regional-vecinos.
                                                                         Vecinos
                                                        Movilización                 Pasividad
 Gobierno regional              Vecinos                    2,3                         3,4
                                Trabajadores                 1,2                        4,1



18. Se podría sugerir un ordenamiento de preferencias alternativo en el que las dos primeras pre-
    ferencias de los trabajadores se mantienen y las dos últimas se invierten, en comparación con
    el ranking propuesto. Esta alteración no produciría ningún cambio en el resultado del análi-
    sis del juego de la matriz 2 (el equilibrio seguiría siendo el mismo), pero sí alteraría la lógica
    global del análisis propuesto en el conjunto del artículo. Una mente suspicaz podría argu-
    mentar que los números se han escogido de tal forma que se produzca un resultado premeditado.
    Lo que el autor defiende, sin embargo, es que los ordenamientos de preferencias propuestos
    «tienen sentido» desde el punto de vista de los motivos de los actores y, además, responden a
    la evidencia empírica. No sólo parece difícil argumentar con sentido que «pasividad» era la
    estrategia dominante de los trabajadores (y, en el caso de la matriz 3 —más adelante— de los
    vecinos), sino que además los hechos desmienten dicha hipótesis.
19. Nótese que las etiquetas de las estrategias del Gobierno regional en las matrices 2 y 3 no
    significan exactamente lo mismo.
 50   Papers 75, 2005                                                   Francisco Linares Martínez


         condiciones de ese trabajo, cómo tiene que hacer ese trabajo, y por tanto que
         se mantengan los puestos de trabajo, y luego vamos a ver de molestar lo míni-
         mo a estos señores de Llano del Beal que tienen razón [en] que se les molesta,
         ¿no?

   Mientras que para los vecinos la situación es bien distinta, ya que, según
uno de los vocales de su asociación:
         La sensación más bien era de estar desasistidos […]. O sea, decir, no tenemos
         un ayuntamiento que sea nuestro ayuntamiento, no tenemos una adminis-
         tración que sea nuestra administración. Vemos a la Administración al servicio
         de la empresa, descaradamente. Descaradamente firmaban pactos entre la
         empresa y la Administración sin contar para nada con nosotros, que además eran
         absolutamente irrealizables, se intentaba buscar cancamanganas y caminos
         legales para llevarnos al huerto, se intentaba desacreditarnos por vía de medios
         de comunicación en vez de buscar puntos de contacto y puntos de conexión,
         cuando además lo más triste es que nosotros teníamos la voluntad de diálogo,
         y una voluntad manifiesta y expresa.

     Asumimos que el Gobierno regional prefiere:

— En primer lugar, que los vecinos no se movilicen y no comprometerse a
  satisfacer sus demandas.
— En último lugar, que los vecinos se movilicen y no comprometerse a satis-
  facer sus demandas.

    Las preferencias intermedias, una vez más, son irrelevantes para el resulta-
do del análisis, pero, en cualquier caso, asumiremos que prefiere, en segundo
lugar, que los vecinos no se movilicen y comprometerse a satisfacer sus deman-
das y, en tercer lugar, que los vecinos sí se movilicen a pesar de que se com-
promete a satisfacer sus demandas
    Entendemos que estas cuatro hipótesis reflejan la evidencia de que: pri-
mero, el Gobierno regional se hallaba más preocupado por el problema de los
trabajadores que por el de los vecinos; segundo, no obstante, también era sen-
sible al problema de los vecinos; tercero, la preocupación por ambos proble-
mas se hallaba sometida a una tensión interna, puesto que, llevadas hasta sus
últimas consecuencias, las demandas de ambos colectivos encerraban un carác-
ter de suma cero: o se explota la cantera (y se molesta a los vecinos en alguna
medida) o se deja de explotar la cantera (y se despide a los trabajadores)20.


20. Las hipótesis en las que se sostiene este ordenamiento de preferencias son especialmente
    importantes, porque de ellas depende el resultado global del análisis. Un ordenamiento en
    el que se asignara el máximo valor a la opción «vecinos-pasividad» (VP) sería incoherente con
    la hipótesis, sostenida en el epígrafe anterior, de que para el Gobierno regional era más
    importante el problema del mantenimiento de los puestos de trabajo que las reivindica-
    ciones de los vecinos. Por tanto, el valor más alto debe de asignarse a la opción «trabajado-
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                         Papers 75, 2005   51


    Con respecto a los vecinos, asumimos que tiene un ordenamiento análogo
al de los trabajadores21, ya que se prefiere:

— En primer lugar, que el Gobierno regional se comprometa a satisfacer sus
  demandas y no movilizarse.
— En segundo lugar, que el Gobierno regional se comprometa a satisfacer sus
  demandas y movilizarse.
— En tercer lugar, que el Gobierno regional no se comprometa a satisfacer
  sus demandas y movilizarse.
— En cuarto lugar, que el Gobierno regional no se comprometa a satisfacer
  sus demandas y no movilizarse.

    El juego entre el Gobierno regional y los vecinos ofrece una dificultad no
presente en los anteriores: no existe ningún par de acciones que sean mutuas
mejores respuestas y, por tanto, determinen un equilibrio estable. Si el Gobierno
regional decide no comprometerse, los vecinos prefieren movilizarse (porque
2 > 1), y si el Gobierno regional decide comprometerse, los vecinos eligen no
movilizarse (porque (4 > 3); en este último caso, sin embargo, el gobierno regio-
nal prefiere no comprometerse antes que comprometerse (porque 4 > 3). Es
decir, en el caso del Gobierno regional, la estrategia «vecinos» se prefiere a «tra-
bajadores» si, y sólo si, los vecinos eligen «movilización»; pero éstos prefieren
la estrategia «movilización» a «pasividad» si, y sólo si, aquél elige «trabajadores».
    Ello no significa que el juego no tenga un equilibrio, sino que para cada
uno de los jugadores la opción óptima no es elegir siempre la misma acción, sino
elegir cada acción con frecuencias distintas. La distribución de frecuencias rela-
tivas asignadas a cada acción se denomina «estrategia mixta». Un conjunto de
distribuciones de frecuencia, una para cada jugador, tal que cada una es la
mejor respuesta a la distribución de frecuencias elegida por el otro jugador, es
un equilibrio en estrategias mixtas. Ello implica que la estrategia mixta de equi-
librio de cada jugador sea la distribución de probabilidad que hace que el otro
jugador sea indiferente entre sus dos opciones22.
    En el caso de la matriz 3, asignamos la incógnita q a la probabilidad con
la que el Gobierno regional escogerá «vecinos»; (1 – q) es, por tanto, la pro-


    res-pasividad« (TP). La segunda preferencia, sin embargo, debe de ser VP, ya que, si fuera
    «trabajadores-movilización» (TM), el Gobierno regional tendría una estrategia dominan-
    te: elegir trabajadores, hicieran lo que hicieran los vecinos. Ello implicaría una absoluta
    falta de sensibilidad hacia las reivindicaciones de los vecinos, lo que es contradictorio con
    la evidencia empírica. En cuanto a las dos últimas preferencias, si asumimos que el gobier-
    no regional prefiere TM a VM, entonces de nuevo la estrategia «trabajadores» sería domi-
    nante, y el juego construido con las preferencias de los vecinos (explicitadas más adelante)
    terminaría con el equilibrio, en este caso subóptimo, TM.
21. Se aplican aquí, por tanto, argumentos similares a los expuestos en la nota número 16, refe-
    rida al ordenamiento de preferencias de los trabajadores.
22. Una exposición más precisa puede hallarse en cualquier manual introductorio a la teoría
    de juegos. Véase, por ejemplo, Gibbons (1993).
 52   Papers 75, 2005                                          Francisco Linares Martínez


babilidad con la que escogerá «trabajadores». Y asignamos la incógnita r a la
probabilidad con la que los vecinos escogerán «movilización»; (1 – r) es, por
tanto, la probabilidad con la que escogerán «pasividad». En equilibrio, el
Gobierno regional escogerá «vecinos» con una probabilidad q*, y los vecinos
escogerán «movilización» con una probabilidad r*. Aunque el espacio de este
artículo nos impide analizar el juego con más detalle, es fácil demostrar que
q* será tanto menor cuanto mayor sea la diferencia entre los valores asignados
a lo que los vecinos ganen eligiendo «pasividad» y eligiendo «movilización»,
cuando el Gobierno regional elige «vecinos». Y que r* será tanto menor cuan-
to mayor sea la diferencia entre los valores asignados a lo que el Gobierno
regional gane eligiendo «vecinos» y eligiendo «trabajadores», cuando los veci-
nos eligen «movilización». En cualquier caso, sea el que fuere el valor de estas
incógnitas, este equilibrio siempre exige algún grado de movilización por parte
de los vecinos y algún grado de compromiso para satisfacer sus demandas por
parte del Gobierno regional.

Interacción a tres bandas
En resumen, por una parte, en el caso del juego entre el Gobierno regional y
los mineros las estrategias de equilibrio son «trabajadores» (es decir, compro-
meterse a satisfacer las demandas de los mineros) y «pasividad». Por otra parte,
sin embargo, el par de estrategias mutuamente óptimas del juego entre aquél
y los vecinos implican algún grado de movilización por parte de éstos y algún
grado de compromiso con éstos por parte de aquél. Esto significa que, en tanto
en cuanto el Gobierno regional no puede eludir jugar ambos juegos, le es impo-
sible tomar una decisión que sea globalmente óptima.
    Así, si elige su estrategia de equilibrio del juego con los trabajadores, enton-
ces para los vecinos será óptimo elegir una probabilidad de movilización
r > r* > 0. Pero al mismo tiempo si el Gobierno regional elige q*, con el fin
de mantener r = r*, entonces se desvía de su equilibrio del juego con los tra-
bajadores (puesto que q* > 0), y se desplaza en la matriz 2 de la celda («traba-
jadores», «pasividad»), con pagos (4,4), a la celda («vecinos», «pasividad»), con
pagos (3,1). Esto, a su vez, produciría un cambio en la elección de los mineros
de «pasividad» a «movilización», ya que, cuando el Gobierno regional elige
«vecinos» (es decir, no comprometerse a satisfacer las demandas de los mineros),
la segunda estrategia les reporta una utilidad mayor (2 > 1). En esta situación,
el Gobierno regional se hallaría en el peor de los casos posibles (1 < 3), por lo
que tendría que volver a escoger «trabajadores» (a lo cual los mineros reaccio-
narían volviendo a la posición inicial de equilibrio). Sin embargo, esta última
elección desencadenaría una nueva escalada de movilizaciones por parte de los
vecinos, con lo cual volvería a reproducirse el ciclo descrito. Por lo tanto, debe
concluirse que el problema planteado en los eclécticos términos elegidos por el
Gobierno regional era irresoluble.
    La dinámica del conflicto, representada en el diagrama 1, puede sinteti-
zarse en los siguientes puntos:
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                 Papers 75, 2005   53


                   Movilización                        Gobierno regional
                     de los                             comprometido
                    vecinos                             con los vecinos




                   Movilización                        Gobierno regional
                     de los                             comprometido
                    mineros                             con los mineros


Diagrama 1. Dinámica interactiva.

— Un proceso de retroalimentación entre las movilizaciones de los vecinos y
  las movilizaciones de los mineros.
— La movilización de cada colectivo producía, así mismo, una respuesta del
  Gobierno regional en que mostraba su sensibilidad hacia los intereses
  del colectivo.
— El compromiso del Gobierno regional con una de las partes retroalimentaba
  la movilización de la otra parte.

    Este modelo del conflicto resulta coherente con la evidencia empírica mos-
trada sobre los acontecimientos de enero y febrero de 1988:

1. Los vecinos de Llano del Beal siempre se hallaban en algún grado, varia-
   ble, de movilización, como muestra el hecho de que establecieran turnos
   de vigilancia que se sucedieron de manera ininterrumpida desde comien-
   zos de enero de 1988.
2. El Gobierno regional se mostró sensible desde el comienzo a las deman-
   das de los vecinos y exigió a la empresa minera un mayor control de la segu-
   ridad de sus labores, así como un estudio de mecánica de rocas y vibracio-
   nes para conocer su posible impacto sobre el pueblo.
3. Los trabajadores comenzaron sus movilizaciones tan pronto percibieron
   que las demandas de los vecinos podían poner en peligro la continuidad
   de sus puestos de trabajo.
4. El Gobierno regional también se mostró especialmente sensible a las pri-
   meras movilizaciones de los mineros, como muestra su pronta respuesta al
   encierro de éstos en la mina de San Rafael, iniciado el día diecisiete de
   febrero y finalizado cuatro días más tarde, tras un acuerdo entre el comité
   de empresa y la propia Administración.
5. Los acuerdos de la Administración con los trabajadores, a su vez, desenca-
   denaron mayores movilizaciones de los vecinos; en concreto, el encierro
   en el Ayuntamiento de Cartagena, el día veintidós del mismo mes.
 54   Papers 75, 2005                                                   Francisco Linares Martínez


El desenlace del conflicto: la venta de los activos de Peñarroya
Una vez transcurridos los acontecimientos de enero y febrero de 1988, el
Consejero de Economía e Industria defendía las gestiones de su departamen-
to ante la Comisión de Política Sectorial de la Asamblea Regional de Murcia en
los siguientes términos:
         Hemos llegado a un, digamos, preacuerdo con la empresa que era quizá el ele-
         mento más difícil de todo esto y me da la impresión de que, de cara a la opi-
         nión pública, pues se ha infravalorado la importancia, por así decir, de la reunión
         con la empresa en la que de un planteamiento inicial de llegar a dentro del pue-
         blo a que en la actualidad ha firmado un documento en el que se compromete
         a garantizar los puestos de trabajo y la explotación viable económicamente, fijan-
         do como mínimo una distancia de ciento setenta y cinco metros.
             […] Yo tengo el pleno convencimiento de que sí van a acometer la explo-
         tación de este mineral, salvo que sucedan otras cosas, que esto siempre es futu-
         rible y que cualquiera sabe qué es lo que puede ocurrir23.

    Aproximadamente un mes y medio más tarde de los acontecimientos des-
critos, el catorce de abril de 1988, se sometió a votación en la Asamblea Regional
el dictamen de la Comisión de Política Sectorial en relación con la apertura
de la cantera Los Blancos III, elaborado por los diputados miembros de dicha
comisión a petición de escrito de catorce de octubre de 1987 de la asociación
de los vecinos de Llano del Beal. En dicho dictamen se lee:
         De las comparecencias de todas las partes implicadas, y con los datos aporta-
         dos, se ha podido deducir la conveniencia de la explotación de la cantera Los
         Blancos III para el mantenimiento de los puestos de trabajo de Peñarroya-
         España, S. A., pero haciéndolo en las mejores condiciones posibles para sal-
         vaguardar los intereses de los habitantes de El Llano del Beal, en cuanto a la
         mejora de su calidad de vida y la seguridad de su pueblo24.

    La aprobación de este dictamen por la mayoría absoluta de los diputados del
parlamento regional produjo una violenta reacción por parte de los vecinos,
que esperaban en las puertas de la Asamblea Regional25 y que, una vez en Llano
del Beal, decidieron cortar el acceso a la cantera, a fin de impedir el desarrollo
de las labores mineras. La reacción de la dirección de Peñarroya ante esta nueva
parada de la producción se recoge en las siguientes declaraciones del entonces
presidente de su comité de empresa:


23. Comparecencia del Sr. consejero de Economía e Industria ante la Comisión de Política
    Sectorial de la Asamblea Regional de Murcia, 21/3/1988, p. 93 y s.
24. Dictamen de la Comisión de Política Sectorial, en relación con la apertura de la cantera
    Blancos III, en el Llano del Beal, por la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya-España, S.A.,
    Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, II Legislatura, n.º 45, 20/4/1988,
    p. 1232-1234.
25. La Verdad, 15/4/1988.
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                  Papers 75, 2005   55


         Me acuerdo que me llaman ese día a las seis de la mañana a casa, el secretario
         del comité […], en el que había un problema de que Peñarroya decía que cerra-
         ba. Entonces tenemos una reunión urgente, en las propias dependencias de la
         empresa, en que nos dice la dirección que los vecinos habían cortado el acce-
         so a Los Blancos III, no podíamos trabajar, con lo cual esa situación ya no se
         podía mantener, y que ellos presentaban un cierre patronal.

    En este escenario los trabajadores decidieron cortar con sus máquinas diver-
sas carreteras regionales y nacionales, lo que produjo una situación de caos tal
que el entonces Delegado del Gobierno en Murcia optó por enviar efectivos de
la Guardia Civil para desalojar a los vecinos de las pistas mineras, eliminando así
el obstáculo que impedía que la empresa continuara con su producción. No
obstante, quince días más tarde, el tres de mayo de 1988, el nuevo director
general de Peñarroya-España anunciaba al comité de empresa la decisión de
vender la explotación: «hay que salvar lo salvable y silicatos no es salvable»26.

Algunas características resaltables del proceso de interacción
Desconfianza de las partes en conflicto hacia el mediador
Un sobresaliente rasgo común de las correspondientes definiciones de la realidad
de las partes en litigio —trabajadores y vecinos— es la desconfianza hacia el
mediador. Efectivamente, en cada uno de los colectivos es posible percibir una
arraigada sospecha de que el mediador se halla al servicio de la otra parte. Así
se desprende, por ejemplo, del relato del entonces secretario regional de mine-
ría de UGT:
         Nuestras reivindicaciones, nuestras presiones, terminaban siempre en una reu-
         nión con la Administración. Y [en] esas reuniones con la Administración, siem-
         pre ellos manifestaban de que la mina pues tenía que continuar, lo único que
         pasa es que nunca han sido capaces de hacerle entender o hacerle ver a los veci-
         nos de que la mejor solución era esa. Y me da la impresión que había políticos
         que decían a los vecinos: «no preocuparos que vamos a decir a los mineros que
         siguen pero vosotros ya sabéis que, diga lo que diga la prensa, no va a seguir».

    Impresión muy similar a la recogida en la siguiente declaración de uno de
los vocales de la asociación de vecinos:
         Nosotros con la Administración teníamos una gran desconfianza, con toda la
         Administración. Con la Administración, con el Gobierno regional, o sea, con
         todo el mundo. Sabíamos que no teníamos…, nosotros los considerábamos
         que no eran…, eran nuestros enemigos, o sea que estaban enfrente de nosotros.
         O sea que no teníamos de la Administración la defensa que creíamos que
         teníamos que tener […]. O sea que ellos pertenecían… estaban cerca de la
         empresa y nosotros pues, bueno, éramos los que estábamos protestando.


26. La Verdad, 4 /5/1988.
 56   Papers 75, 2005                                                 Francisco Linares Martínez


    Cualesquiera que fueran las fuentes endógenas de la desconfianza de los
colectivos, lo que interesa resaltar es que ésta tiene también una fuente exóge-
na, a saber, la propia estructura del conflicto, cuyo efecto multiplicador de las
movilizaciones de unos y otros no sólo tiene la consecuencia de elevar el grado
de tensión, sino que, lo que resulta de especial trascendencia para el punto que
nos ocupa, obliga a la Administración regional a posicionarse públicamente
sobre las exigencias del colectivo que en cada momento es protagonista de las
movilizaciones, de manera tal que, al sucederse éstas periódicamente, se gene-
ra a los ojos de ambos una imagen contradictoria de los intereses defendidos por
la misma Administración.
    Esta sensación de traición acompañó a los vecinos de Llano del Beal duran-
te toda la crisis. Ni que decir tiene que si la posibilidad de que se hallara una
solución al conflicto dependía de la desmovilización de los vecinos de Llano
del Beal, y esto a su vez dependía de una negociación exitosa entre los mismos
y el Gobierno regional27, no es difícil comprender que la desconfianza de los
vecinos hacia las intenciones de aquél lastraba las posibilidades de entendi-
miento. En este sentido, resulta ilustrativo el siguiente extracto del diario de
uno de los vecinos del pueblo (Urrea, 1992), posteriormente publicado por la
propia asociación:
         Muchas familias hacen preparativos para pasar esta noche tan significativa en
         la Cabaña, el recuerdo y la obligación no se olvida, hasta que haya algún gober-
         nante que tenga dignidad y confirme que la cantera Los Blancos III está com-
         pletamente anulada. (24/12/1988)

Consecuencias no intencionadas
Atendiendo al análisis anterior, ¿qué consecuencias se derivan de la moviliza-
ción emprendida por cada uno de los colectivos para defender sus intereses?
En primer lugar, cada colectivo, como ya se ha repetido, contribuía con su
movilización a una espiral de tensión. En segundo lugar, esta dinámica, que
suscitaba continuas reacciones de la Administración, producía también (como
se acaba de mostrar) una gran sospecha hacia los intereses del mediador por
parte de ambos, lo que hacía más difícil llegar a un acuerdo. Cada moviliza-
ción, finalmente, tenía el efecto de «atar las manos» de la Administración en su
negociación con el otro colectivo, entorpeciendo así la solución del conflicto
a través de cauces negociadores. En definitiva, cada colectivo emprendiendo
acciones reivindicativas para la defensa de sus intereses, generaba efectos con-
traproducentes para sus propios intereses.
    Esta conclusión tiene especial relevancia en el caso de los mineros. Sin
duda, no es posible conocer qué es lo que hubiera ocurrido si los trabajadores
no se hubieran movilizado; pero sí parece posible conjeturar que, hasta donde
los argumentos esbozados anteriormente sean plausibles, su movilización con-

27. Es imprescindible recalcar el carácter meramente hipotético de estas afirmaciones.
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                      Papers 75, 2005   57


tribuyó a generar una situación en la que ciertamente se ponía en entredicho
la viabilidad de sus puestos de trabajo. En la medida en que ello fue así, el
resultado de la movilización de los trabajadores es ciertamente paradójico.
Asistimos, por tanto, a la emergencia de una consecuencia inintencionada de
un signo perverso con relación a sus intereses, así como a los de la
Administración (en tanto en cuanto, para ella, el principal problema a resolver
fuera el de los puestos de trabajo): a diferencia de las consecuencias ininten-
cionadas producto de la «mano invisible» de A. Smith (mecanismo por el que,
como es sabido, la ciega persecución de los propios intereses tiene un efecto
redundante sobre la consecución de los intereses de los demás), en este caso
parece operar una «mano negra» que hace que la ciega persecución de los pro-
pios intereses tenga, efectivamente, un efecto positivo sobre los intereses de
los demás (en este caso, los vecinos), pero a expensas de un inesperado sacrifi-
cio de los intereses propios.

Juegos de dos niveles
En su análisis de Lógica y sociedad, J. Elster (1994) traza una sutil distinción
entre los conceptos de contrafinalidad y suboptimalidad28. Ambos fenómenos
presuponen (como en nuestro análisis) actores racionales; y ambos fenómenos
tienen el mismo efecto: producen consecuencias contraproducentes para los
actores. Pero en cada caso esa consecuencia tiene un origen distinto: en el pri-
mer caso, los actores desconocen las características del juego, mientras que en
el segundo el conocimiento de las mismas conduce a un efecto perverso.
Tomando como ejemplo el Dilema del Prisionero (matriz 1), podría ejempli-
ficarse la distinción diciendo que el resultado contraproducente (la espiral de
movilizaciones) es un caso de contrafinalidad si los colectivos deciden movi-
lizarse sin ser conscientes de la verdadera naturaleza del conflicto (es decir, pen-
sando que serán los únicos en movilizarse), y se trata de un caso de subopti-
malidad si los colectivos deciden movilizarse a pesar de ser conscientes de la
verdadera naturaleza del conflicto (es decir, para no ser los únicos en no movi-
lizarse).
    No creemos, sin embargo, que las consecuencias perversas del conflicto se
correspondan ni con un caso de contrafinalidad ni con un caso de subopti-
malidad. La razón es que en nuestro análisis presuponemos, por una parte,
que los actores conocen el juego al que estaban jugando en cada momento,
pero, por otra parte, juegan distintos juegos con distintos actores. Es decir, el
resultado final del proceso no es el equilibrio de Nash de un juego de tres juga-
dores, sino el fruto de un complejo sistema de interacciones en el que se con-

28. Existen diversas clasificaciones de consecuencias inintencionadas. Algunas de estas clasi-
    ficaciones constituyen una tipología (quasi)exhaustiva, pero no tienen valor explicativo
    (e. g. Baert, 1991). Otras no pretenden ser exhaustivas y hacen énfasis en los elementos
    explicativos (e. g. Merton, 1936). Nuestras propias reflexiones pueden hallarse en Linares
    (2003).
 58   Papers 75, 2005                                                  Francisco Linares Martínez


catenan cíclicamente diversos puntos de equilibrio. Esta aproximación más
compleja puede abordarse analíticamente empleando el concepto de «juego
de dos niveles» desarrollado por R. Putnam (1988).
    Haciendo una analogía con el análisis de Putnam29, un mediador (en nues-
tro caso, el Gobierno regional) desarrolla una doble negociación, una con cada
parte. Se define como «conjunto ganador» (win set), el conjunto de posibles
acuerdos que el mediador puede alcanzar con una de las partes y que, además,
serían aprobados también por la otra parte. En el caso que nos atañe, pode-
mos denominar V al conjunto de acuerdos posibles con los vecinos que serían
aprobados (también) por los trabajadores, y podemos denominar T al con-
junto de acuerdos posibles con los trabajadores que serían aprobados (tam-
bién) por los vecinos. Un acuerdo global requiere que V y T se solapen en
alguna medida. Por tanto, cuanto mayores sean V y T mayores serán las posi-
bilidades de un acuerdo. Ahora bien, paradójicamente, un «conjunto gana-
dor» pequeño de una de las partes podría dar ventaja a esa parte, pues el
mediador, en la otra mesa negociadora, tendría que argumentar que tiene «las
manos atadas». Al mismo tiempo, a nadie se le escapa que si V y T son dema-
siado pequeños probablemente no se solapen nunca: el Gobierno regional ten-
drá ambas manos atadas y nunca se producirá el acuerdo global.
    Así, por ejemplo, tras conocer el resultado de la reunión del diecinueve de
febrero de 1988, bajo la presión del encierro de los mineros, entre la empresa
y la Administración (en la que ésta última manifiesta la voluntad de aprobar el
proyecto de Los Blancos III fijando la distancia mínima de 175 metros al pue-
blo), los vecinos, en un comunicado firmado por el presidente de su asocia-
ción, muestran su desconcierto ante «la fijación con carácter previo a los estu-
dios y a los pronunciamientos legales, la fijación de una distancia arbitraria
que sólo depende de la situación del filón de mineral», concluyendo: «nos
manifestamos en contra de dicho acuerdo que contradice la voluntad que la
Administración expuso en la reunión de las partes implicadas el ocho de febre-
ro pasado»30.
    Esta situación, sin duda, podría ser concebida de manera simplificada como
un único juego de tres jugadores con un equilibrio subóptimo (al menos para
dos de ellos); esto es, como si los tres jugadores se sentaran simultáneamente en
una única mesa de negociación. En tal caso, las consecuencias inintenciona-
das constituirían un ejemplo de suboptimalidad (como en el Dilema del
Prisionero), y serían fácilmente predecibles, bajo la presunción propia de la
teoría de juegos de que existe un «conocimiento común» de las características
de la interacción, de tal forma que cada jugador es capaz de anticipar correc-
tamente las acciones de los otros. No obstante, ello no haría justicia a la com-
plejidad del caso y se perderían características importantes de la interacción
(especialmente su carácter cíclico, fruto de un proceso de retroalimentación).

29. Putnam desarrolló el concepto de juego de dos niveles para analizar las relaciones entre la
    arena política internacional y la arena política doméstica.
30. La Verdad, 21/2/1988.
 Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas                       Papers 75, 2005   59


En el caso de un juego de varios niveles como el que se ha propuesto en este
artículo, sin embargo, la presunción de conocimiento común se restringe a
cada uno de los juegos (es decir, se presume que cada jugador decide aten-
diendo al conocimiento de las características del juego que en ese momento
está jugando) y las consecuencias inintencionadas, por tanto, son fruto de la
combinación de diversas estrategias emprendidas en distintas mesas negociadoras
y resultan, por ello mismo, difícilmente previsibles31 para los actores.

¿Un modelo generalizable?
A pesar de la particularidad del conflicto estudiado, cabe preguntarse qué ras-
gos tiene que sean susceptibles de generalización y apuntar hacia un posible
modelo que pudiera emplearse para estudiar otros casos. Haciendo abstrac-
ción del contenido empírico concreto, pensemos en la relación entre dos par-
tes en conflicto (A y B) y un mediador, tal que:
1. A y B prefieren, en primer lugar, ser las únicas en negociar con el mediador
   y, en último lugar, ser las únicas en no negociar con el mediador.
2. A y B prefieren que el mediador se comprometa a satisfacer sus demandas
   a que no se comprometa. En el primer caso, prefieren no movilizarse a
   movilizarse, y en el segundo, prefieren movilizarse a no movilizarse.
3. El mediador es más sensible a las demandas de uno de los dos (digamos A),
   pero no es absolutamente insensible a las demandas del otro (digamos B). En
   cualquier caso, prefiere que los colectivos no se movilicen a que sí lo hagan.
   Estas hipótesis sobre las motivaciones plausiblemente pueden conducir,
como en el caso de la crisis de la comarca minera de Cartagena-La Unión, a
un tipo de proceso caracterizado por la aparición de efectos perversos. Dicho
proceso, además, mostraría muchos de los rasgos de la formalización recien-
temente propuesta por Cristiano (2001: 164)32:
a) Ninguno de los participantes se propuso, a nivel de conciencia discursiva,
   producir el resultado.
b) Ninguno conoce, a nivel de conciencia discursiva, los mecanismos especí-
   ficos de su producción.
c) Todos los participantes tienen «razones» (a nivel de conciencia discursiva,
   conciencia práctica) o motivaciones para actuar como lo hacen.
d) Cada uno aporta, en proporción diversa según sus recursos, a la produc-
   ción del resultado.
e) El resultado es opuesto a lo pretendido (a nivel de «conciencia práctica» o
   «discursiva») por al menos una parte de los participantes.


31. Hemos tratado esta cuestión con mayor profundidad en Linares (2003).
32. Se ha excluido de la lista de Cristiano las afirmaciones de que ninguno conoce «el resulta-
    do que se produce» y «ninguno puede, con el sólo expediente de abstenerse de actuar, impe-
    dir la producción del resultado».
 60   Papers 75, 2005                                             Francisco Linares Martínez


f ) El proceso no tiene la forma lineal y cerrada de un conjunto de acciones
    seguidas por un resultado; es el resultado progresivo de diversas acciones, cada
    una de las cuales ratifica y fortalece la dirección del proceso.
g) Las acciones de los participantes tienen un grado importante de fijeza e
    institucionalidad, por lo cual,
h) La evitación del efecto implica alterar, junto con las acciones, algunos de los
    intereses.

Postescripto para curiosos: ¿cómo finalizó la crisis de la minería
de la comarca de Cartagena-La Unión?
La incógnita del comprador de Peñarroya se despejó en septiembre de 1988
con el siguiente comunicado:
         La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya-España, titular de las minas,
         empeñada en garantizar el empleo de sus trabajadores, después de realizar estu-
         dios profundos de la situación, ha llegado a la convicción de que ello exige,
         además de mantener la mina en explotación el tiempo posible, promover en
         otros sectores actividades complementarias capaces de generar puestos de tra-
         bajo. Tras estudiar las posibles opciones de compra, Peñarroya-España ha lle-
         gado a un acuerdo con Portmán S.A. […] que adquiriendo la totalidad de los
         elementos patrimoniales de las minas y en perfecta sincronización con la acti-
         vidad minera, desarrollará los negocios alternativos referidos33.

     Tales negocios alternativos no eran otros que los de la construcción, apro-
vechando el amplísimo coto minero, susceptible de explotación turística, ven-
dido por Peñarroya-España. El mantenimiento de los puestos de trabajo, no
obstante, seguía dependiendo de la posibilidad de explotar Los Blancos III.
Tras diversas vicisitudes difícilmente resumibles (Linares, 2000, 2001), nunca
se llevaron a efecto los proyectos urbanísticos y, en cuanto a la actividad mine-
ra, a pesar de construirse un nuevo lavadero que evitaba los vertidos al mar, se
le puso punto y final en 1991 con el despido de 303 trabajadores.


Bibliografía
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